Por Gary Gutiérrez

Los que visiten la Ciudad Señorial se encontraran con los cientos de parchos multicolores que la engalanan.

Los mismos son la más reciente escalada de la guerra contra el grafiti que hace dos años declaró la alcaldesa de Ponce, Dr. María Eloisa –Mayita- Meléndez Altieri.

En una cruzada de aparente fascismo estético, la primera etapa de esta ofensiva se caracterizó por cubrir con pintura todos los trabajos de arte urbano, aun cuando los mismos estaban en paredes privadas, cuyos dueños nunca se quejaron de los mismos.

De esa manera se perdieron magistrales ejemplos de arte público producido con el aval de los dueños de las paredes.

De igual forma desaparecieron trabajos que engalanaban paredes abandonadas que antes de ser pintadas por los grafiteros, constituían verdaderas manchas de deterioro.

La cruzada estética provoco la reacción espontanea de la comunidad grafitera, quienes respondieron con una ofensiva de “bombin” y “taguin” por todas las esquinas del casco histórico.

Como respuesta a esos “bombíns” y “taguins”, la administración municipal respondió a su vez con esta campaña de recubrir los mismos con parchos de colores.

Sin entrar en la discusión sobre el valor artístico o vandálico del grafiti, la realidad es que en medio de la crisis fiscal que vive la ciudad, todos los que pagamos arbitrios al CRIM o que pagamos el IVU en la Ciudad, estamos subvencionando esta campaña de censura estética.

Diariamente, le pagamos el sueldo a brigadas que, como inquisidores del siglo XI, salen a borrar cualquier expresión de arte urbano que no tenga el aval del gobierno.

Porque la realidad es que el mural que hace más de una año pinto una compañía de celulares en la Playa de Ponce, no lo han tocado los censores municipales. Así que el problema no es con las pintadas en las paredes.

El problema es uno de censura e imposición estética, pues independiente de lo que usted crea sobre el grafiti, si el dueño de la pared no presenta una querella de vandalismo ante las autoridades, no hay razón para que el Estado – el municipio en este caso- invierta dinero en perseguir a estos individuos o individuas, llámelos artistas o vándalos.

En el caso de que haya querella, la función de las autoridades es encontrar los responsables y aplicar el código penal o las ordenanzas relacionadas.

No tengo problemas estéticos con los parchos o los grafitis, mi problema es con que se gaste el dinero municipal en pintar las paredes, pues es un absurdo fiscal en momentos de necesidad.

Según en el pasado he felicitado a Mayita por iniciativas en torno al Parque Ecológico y al nuevo Sistema de Transportación, me parece condenable este despilfarro de dinero cuyo resultado es una ciudad llena de parchos.

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