publicado en 80grados.net

“La próxima vez que escuche al Gobernador diciendo que la política anticrimen de su administración funciona, créale y preocúpese”.
“La próxima vez que escuche al Gobernador diciendo que la política anticrimen de su administración funciona, créale y preocúpese”.

Si partimos de la premisa que compartía Einstein de que insanidad es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, tendríamos que estipular la locura o la idiotez de aquéllos que por más de un siglo predican el castigo y la cero tolerancia como forma de manejar “lo criminal”.

Nadie en pleno juicio puede afirmar que las políticas públicas, como las implantadas durante las pasadas décadas bajo estribillos publicitarios como “mano dura contra el crimen”, “castigo seguro” y la más reciente, “Puerto Rico: Sociedad de Ley y Orden”, son efectivas para reducir la criminalidad o la violencia social que vive la Isla.

Al examinar los informes policiacos y las intervenciones de las eufemísticamente llamadas “agencias de ley y orden”, se puede entender que durante los pasados años en Puerto Rico se ha registrado un crecimiento en la violencia social y en el narcotráfico.

Paralelamente, y como respuesta a ese incremento, la conservadora administración del gobernante de turno aumenta continuamente las políticas de castigo o control social como respuesta a ese crecimiento de la violencia y el narcotráfico.

¿Por qué esa insistencia en fracasadas políticas de mano dura para hacer frente a la llamada criminalidad?

Sabemos que los que en Puerto Rico y en el resto del mundo impulsan estas respuestas “punitivas” ante el comportamiento desviado, son en su mayoría profesionales que no son ignorantes y mucho menos locos o enajenados mentales.

Si se entiende que la mayoría de estos funcionarios son personas con mucha preparación y con inteligencia sobre el promedio, se reafirma la pregunta de por qué insisten en la insanidad de seguir usando fórmulas fracasadas.

Después de todo, Darwin dejó claro que sólo lo que funciona se mantiene sin cambiar. Por tanto, se debe entender que estas medidas que no han funcionado ni funcionan para controlar la violencia, sí están logrando otros objetivos, tal vez sus verdaderos objetivos.

Las políticas de “cero tolerancia”, como las que esta administración impone bajo el eufemismo publicitario “Puerto Rico: Sociedad de Ley y Orden”, parten de la visión acerca de lo que se conoce como “lo desviado”. Ésta es la teoría que el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani predica por el mundo y que tiene como punto de partida las ideas desarrolladas durante la década del 1990 en tanques de pensamiento conservador como lo son el Manhattan Institute y el Institute for Economic Affaires.

Si bien las mismas no controlan “la criminalidad”, estas prácticas gubernamentales sí controlan a las personas de escasos recursos y construyen un ideal de sociedad a la imagen y semejanza de la clase media de a mediados de Siglo XX en los Estados Unidos.

Las teorías que apuntan a un fuerte control del comportamiento ciudadano en el espacio público, no sólo son efectivas criminalizando los sectores más pobres de la sociedad, sino que poco a poco van “blanqueando” los espacios comunales.

Es decir, el verdadero objetivo de estas medidas aparenta ser el encierro, en la prisión o en el residencial, de los sectores que culturalmente no se conformen al ideal de “buen ciudadano consumidor” creado durante la guerra fría y revivido como aspiración por el “Raeganismo” americano de principio del siglo XXI.

De esta manera, se esconden en las trastiendas de nuestra sociedad las poblaciones que las políticas económicas neoliberales excluye de una calidad de vida digna, pero que necesita tener en reserva para mantener bajo los costos de mano de obra.

Además de mantener a raya a los sectores marginados, aun cuando éstos se estén matando entre ellos, esta política tiene mucha resonancia en los sectores de clase media, así como en las poblaciones que pasan de los 35
años.

Como bien señalan los trabajos del Manhattan Institute, estos sectores demográficos no sólo viven con el miedo a ser víctima de “los criminales”, si no que en su mayoría, son grupos muy conservadores en términos ideológicos.

Para completar, estos son los grupos con mayores tasas de participación electoral.

Esta realidad demográfica apuntada por el Manhattan Institute para los Estados Unidos, no solo parece repetirse en Puerto Rico, sino que se pudiera decir que se acrecienta como producto del proceso colonial y de dependencia económica.

Basta recordar que, según explico el Dr. Jorge Benítez durante el foro “¿Es Legítima la Criminalización de la Protesta?” celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, para el 93% de los puertorriqueños es ilegítimo protestar en las calles.

Desde esta perspectiva, todo va teniendo más sentido y se ve que la llamada política de “cero tolerancia” contra el crimen se mantiene porque “funciona”.

Funciona para ilusoria de algunos y para artificialmente blanquear los espacios públicos, creando un puertorriqueño a la imagen y semejanza del “ideal de clase media americana”, es decir los “guainabitos”.

Funciona para tranquilizar a la clase media, que no solo vota preocupada por “la criminalidad”, sino que también está dispuesta a ceder sus derechos a cambio de “seguridad”.

Sobre todo, funciona porque crea un Puerto Rico integrable a los Estados Unidos.

En resumen, el programa “Puerto Rico: Sociedad de Ley y Orden” es exitoso pues complementa e impone un “orden” basado en las teorías económicas neoliberales que sólo beneficia a unos pocos y usa la “ley” para reprimir a los que, inconsciente o conscientemente, no se sometan al proceso.

Amigo lector: “La próxima vez que escuche al Gobernador diciendo que la política anticrimen de su administración funciona, créale y preocúpese”.

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