Publicada el: 24 de Abril del 2011, 5:25:43 pm

Los catedráticos José Raúl Cepeda y Gary Gutiérrez restaron méritos a la política que ejecutan las autoridades puertorriqueñas y las agencias estadounidenses de control de drogas por su “baja efectividad”

Por Tania Polanco
San Juan, PUERTO RICO, INS.- La violencia y criminalidad vinculada al tráfico de drogas ilícitas en Puerto Rico no disminuirá mientras la estrategia anticrimen del gobierno siga centrada en la persecución de los narcos, sin atender de manera efectiva la problemática del consumo por parte de los adictos a drogas, según dos criminólogos.Los catedráticos José Raúl Cepeda y Gary Gutiérrez restaron méritos a la política que ejecutan las autoridades puertorriqueñas y las agencias estadounidenses de control de drogas por su “baja efectividad” y por “no estar contribuyendo de manera contundente a lograr los objetivos que dan vida a la ley contra el tráfico de drogas”.

Gutiérrez especificó que los objetivos de la ley son eliminar la producción, reducir el consumo y rehabilitar a los usuarios de drogas, “pero nada de esto se está logrando, pues las estrategias antinarcóticos solo están dirigidas a arrestar personas y a incautar drogas, sin atender el problema de fondo, que está dado en la marginación de sectores sociales, la pobreza, la falta de rehabilitación de los adictos y el abandono social”.

Ambos catedráticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico coincidieron al señalar que los “Strike Forces” estatales de la Policía y el Departamento de Justicia se han convertido en excelentes plataformas mediáticas para divulgar las operaciones del narcotráfico y sus protagonistas, sin lograr contener la oferta ni disminuir la demanda de drogas.

“Cada arresto es como un capítulo de una novela donde los narcotraficantes cobran fama por sus habilidades para evadir a la justicia, sus amantes encarceladas y sus fortunas millonarias, pero arrestados cabecillas principales como Ángelo Millones (El Buster) y José Figueroa Agosto (Junior Cápsula), seguimos con el mismo número de usuarios, el mismo acceso al mercado negro y una alta tasa de criminalidad”, dijo Cepeda.

El jurado que evalúo durante 14 días la prueba en el proceso judicial contra Angelo Millones, sindicado como uno de los narcotraficantes más poderosos del país, tiene previsto comenzar a deliberar mañana, lunes, luego de escuchar los argumentos finales de las partes y las instrucciones del juez federal Juan M. Pérez Giménez.

Cepeda advirtió que en esta isla del Caribe de 3,7 millones de habitantes la violencia está garantizada no sólo por la venta de drogas ilícitas, sino por el deterioro de los niveles de vida y el desempleo, que supera el 16 por ciento de la fuerza laboral.

El jefe de la Policía, José Figueroa Sancha, ha señalado que el arresto de líderes de organizaciones criminales tiene relación directa con el incremento de asesinatos y de la violencia en la isla.

El otrora agente del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) no descarta que se registren nuevos episodios de violencia una vez Angelo Millones, cuyo verdadero nombre es Ángel Manuel Ayala Vázquez, sea sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, que conoce las acusaciones de narcotráfico en su contra.

Estadísticas manejadas por agencias federales estiman que las operaciones de narcotráfico en Puerto Rico mueven entre 10.000 y 15.000 millones de dólares anualmente y ocasionan el 75 por ciento de los crímenes que ocurren en la isla. En lo que va de 2011 se han registrado 356 asesinatos, 86 más que en la misma fecha del pasado año cuando la cifra alcanzó 270.

En relación al aumento de la violencia tras el arresto de narcotraficantes, el profesor Cepeda indicó que por lo general el cabecilla mantiene el control de la organización.

“En estos momentos el grupo de Ángelo Millones debe estar esperando el fallo judicial para actuar en consecuencia. Si la sentencia es larga se impone que El Buster sea sustituido de manera definitiva y esa reestructuración se traducirá en más violencia en las calles”, resumió.

Señaló que en Puerto Rico el consumo de drogas crece y la oferta no parece disminuir pese a las ejecutorias anticrimen de distintas administraciones de gobierno.

“Los operativos realizados por la Policía y la DEA (Departamento Estadounidense Antidrogas) logran incautaciones millonarias en dinero, drogas y armas pero no tienen un impacto directo en la problemática pues no han disminuido ni el consumo ni la oferta de narcóticos en la isla”, afirmó el catedrático.

En agosto del pasado año, Pedro Pierluisi, delegado de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes en Washington, solicitó a la administración de Barack Obama un aumento en las asignaciones de recursos federales para combatir el crimen, alegando que resulta muy preocupante la alta tasa de asesinatos que se registra en esta isla, desde 1952 un estado libre asociado a Estados Unidos, que la ocupó en 1898.

El funcionario también planteó la necesidad de que la Guardia Costera de Estados Unidos asigne un avión “para patrullaje permanente” en busca de combatir actividades ilegales.

Sin embargo, para el criminólogo Gary Gutiérrez el problema del narcotráfico no se resolverá con más vigilancia ni con más políticas de criminalización, ya que, según dijo, los “Junior Cápsula” se reproducen a diario en Puerto Rico dentro de las comunidades marginadas socialmente, donde las drogas prometen ser el gran salto económico.

“El problema está aquí dentro, en el deterioro social y económico en el que se encuentra Puerto Rico, donde estudiar en una universidad es para los que puedan pagar entre 2,000 y 3,000 dólares por semestre, para luego no conseguir empleo ni oportunidades de progreso. Por eso hay un montón de muchachos esperando tener la oportunidad de ocupar la vacante del Búster y de Figueroa Agosto”, sostuvo.

Tanto Cepeda como Gutiérrez consideran que la estrategia anticrimen debe partir de un enfoque salubrista, más allá de lo policíaco y concentrar esfuerzos para lograr una disminución de la demanda de drogas: “Se necesitan programas efectivos de rehabilitación de los usuarios. Eso disminuiría substancialmente lo altísimos costos sociales asociados al consumo de drogas, bajarían los niveles de criminalidad y terminaría gradualmente el mercado del narcotráfico”. INS

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