Un mensaje de situación del Estado con muchas omisiones

 
 

Por Cándida Cotto

La lista de “logros” que reclamó el gobernador Luis Fortuño en su supuesto mensaje sobre la “Situación del Estado”, es tan larga que no se puede reseñar toda en una edición. Claridad seleccionó parte de ellos para confrontarlos con el análisis de entes sociales que estudian y conocen de primera mano la realidad que vive el resto del país fuera del ámbito partidista. He aquí diversas apreciaciones.

La mano dura generadora de violencia

 
Las propuestas del Gobernador de aumentar la fuerza policíaca, federalizar el sistema de justicia y la alianza con el sector religioso, para combatir la criminalidad son un embeleco que no tendrá ningún resultado positivo. Así se desprende de las expresiones del doctor en Criminología, el profesor Gary Gutiérrez.
Al señalar que era evidente que la política de “mano dura contra el crimen”, el enfoque punitivo de la llamada “lucha contra el crimen”, no ha funcionado, incluso lo que ha hecho es provocar más violencia.

Llamó la atención de que aunque concurre con el Gobernador de que los delitos Tipo I han bajado, esto es un fenómeno que se ha dado no sólo en Puerto Rico, sino que se ha producido en todo Estados Unidos.
“Realmente hay varias teorías de por qué se ha dado esta disminución pero no hay un estudio completo que pueda apuntar a esa razón. Equivocadamente aquí se le atribuye a ese fenómeno de la mano dura, que se conoce también como ‘ventana rota’ y que es un embeleco del alcalde Giuliani que se implementó en Nueva York.

No obstante, de igual manera se registraron bajas en la criminalidad en 40 otras ciudades que no implementaron eso, por lo que no se puede decir que esa baja estadística corresponda a la política de mano dura”.
Por el contrario, Gutiérrez agregó que lo que sí ha producido esa mano dura es un enorme crecimiento en la población penal de Estados Unidos, en particular desproporcionadamente de minorías, lo que le agrega un carácter clasista. Igual ocurre en Puerto Rico.
El entrevistado analizó el problema de la criminalidad en el país a la luz de la implantación por parte del Gobernador de políticas económicas basadas en las teorías neoliberales, las cuales han generado violencia callejera donde quiera que se han implantado en el mundo.
“Yo no me atrevo a llamarle un problema de criminalidad. Creo que es un problema de violencia social, es una situación donde el estado deja de ser legítimo para muchos sectores de nuestra población, porque el estado entiende que tiene que servirle al gran capital y que sea el gran capital quien se ocupe de distribuir el dinero, lo que es una cosa absurda.

En ese sentido, para gran parte de la población el estado deja de ser pertinente y su intervención produce violencia. Yo parto de la premisa que si las personas tienen conciencia política pasaría lo que pasa en Egipto.

Pero como no tenemos esa conciencia política puedo inferir que entonces se genera esa conciencia social contra aquellos que vemos como más débiles.

Ése es el producto del neoliberalismo en Puerto Rico, como lo ha sido en otros sitios”.
El profesor Gutiérrez explicó que este punto teórico está basado en los trabajos del criminólogo inglés John Muncie, el cual expone que en el modelo neoliberal la sociedad nos incluye a todos en el consumo, tanto al joven que se cría en el caserío como el que se cría en Guaynabo City, ambos tienen las mismas expectativas de consumo, aunque si bien el sistema nos incluye a todos en el consumo, no a todos nos incluye en los procesos que nos permiten adquirir esos bienes.
La teoría se llama “bulimia” ya que si bien el sistema nos ingiere para que todos consumamos, no para que produzcamos, “ahí está el resultado, unos enormes sectores de la población que viven en la frustración de no poder consumir.

A eso se le suma el proceso del coloniaje que, como ya sabemos, produce violencia. El colonizado usa la violencia contra él mismo creyendo que es la del estado. No agredimos al agresor, a la metrópolis, sino que nos agredimos entre nosotros. A eso le sumamos la visión machista que es una visión violenta. Así tenemos que el puertorriqueño de hoy es el producto de un proceso económico que produce violencia”.
El profesor Gutiérrez expuso que las nuevas tendencias en la criminología apuntan a que cuando el ser humano se considera desvalorizado, entiende que no tiene valor, va a utilizar el crimen porque siempre da satisfacción y va a utilizar la violencia como una forma de sentirse poderoso.

En cuanto a las expresiones del Gobernador con relación a la legalización de las drogas, Gutiérrez las calificó de “un comentario de ignorante e insultante para los que estudiamos estos temas. Primero que nada es un comentario panfletero, pero sobre todo erróneo porque en los sitios en que se ha empezado a ser tolerantes con las sustancias y aprender a convivir con las sustancias la violencia ha bajado, incluso el consumo ha bajado, porque se les quita lo que algunos criminólogos llaman la fascinación del crimen de lo prohibido.

El planteamiento del Gobernador no sólo es erróneo, es insultante porque la situación de drogas que nosotros tenemos no se ha producido en una sociedad que tiene legalizada la droga, esa situación es producto de 70 años de prohibición”.

Sin planes sustentables el ambiente
El Gobernador volvió a ufanarse de haber triplicado las tierras protegidas del Corredor Ecológico del Noreste (CEN), de su “vía verde”, que no es otra cosa que el gasoducto, entre otros e incentivar la creación de siete proyectos de energía renovable.
“En su mensaje de situación de estado, el Gobernador pinta de verde cosas que verdaderamente no lo son. Por ejemplo, su nuevo plan para el Corredor Ecológico del Noreste remueve más de 500 cuerdas de terrenos que previamente habían sido designados como reserva natural; abriendo la costa de El Yunque a la construcción desmedida de proyectos de lujo y campos de golf, cuando deberíamos promover proyectos ecoturísticos y el redesarrollo de los cascos urbanos de Luquillo y Fajardo al igual que el rescate del sinnúmero de proyectos residenciales y turísticos abandonados por la crisis hipotecaria”, reaccionó la portavoz del Sierra Club, Camila Feibelman.
Sobre la insistencia en la construcción del gasoducto, pese a las preocupaciones que han manifestado organizaciones profesionales, e incluso agencias del Gobierno de Estados Unidos, la activista ambiental declaró que “este proyecto se propone sin el contexto de un verdadero plan energético sustentable para Puerto Rico. Por ejemplo, la administración sigue insistiendo en la construcción del incinerador de basura en Arecibo, pretendiendo que la quema de basura es una energía renovable lo cual no es cierto. El Gobernador nos debe liderar hacia una economía verdaderamente verde, creando empleos e innovación mientras protegemos el ambiente.”
Por su parte, Arturo Massol Deyá, miembro de Casa Pueblo, organización que ha liderado una fuerte oposición a la construcción del gasoducto, comentó, “es un reflejo de que los temas ambientales para este gobierno están llenos de mucha hipocresía, mentiras. Por un lado está regulando y diseñando para intereses privados, todas estas acciones del gobierno en realidad son actos de violencia hacia los recursos naturales del país”.

El engaño de la reforma
El economista José Alameda calificó de engaño el “aumento de $1,200 millones”, que el Gobernador reclama que les devolvió a los contribuyentes con la nueva reforma contributiva.
El catedrático del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPRM) denunció que en primer lugar la reforma no es viable porque los alivios contributivos comienzan a aumentar de manera exagerada desde el 2013, cuando los recaudos grandes van bajando. “Nunca he visto una reforma contributiva que esté condicionada a que algo se dé”, destacó respecto a los supuestos alivios que están condicionados a que el gobierno recobre precisamente los $1,200 millones.
En tono crítico Alameda narró la anécdota de que ante una pregunta de un periodista respecto a “qué el gobierno tenía que hacer para garantizar la reforma después del 2013”, Fortuño contestó, “en primer lugar tienen que votar por el PNP”.
“Ahí es que uno se da cuenta de forma descarada que la llamada reforma es un mecanismo de propaganda. El problema es que se está jugando con el sistema contributivo, eso es una forma irresponsable de trabajar con el sistema contributivo”, afirmó.
Alameda hizo el siguiente ejercicio sobre los $1,200 millones de “dinero en tu bolsillo”. Se cogen los $1,200 millones y se dividen en 1 millón de planillas; eso da a razón de $1,200 por año, entre 12 meses, es un promedio de $100 dólares al año; lo que se traduce a $3.00 dólares diarios.

Proyectos de infraestructura sin justificación

En materia de infraestructura, el profesor y planificador Félix Aponte Ortiz aclaró sobre lo equivocado de las propuestas de la administración del PNP.
En primer lugar comparó que el planteamiento de construir una autopista y extender del Tren Urbano hacia el oeste, es la misma postura de los años 90 cuando se proponía simultáneamente extender el Tren Urbano hacia el este y construir la Ruta 66 hasta Río Piedras.
“Si la extensión de la autopista incluye la PR 22 entonces lo que se está propiciando es el uso del automóvil privado. Entonces, ¿qué viabilidad tiene el sistema de transportación pública?”, cuestionó Aponte, quien además se desempeñó como vicepresidente de la Junta de Planificación (JP). Explicó que la política de transportación debe hacer viable algún concepto de desarrollo urbano ordenado. “Se hacen vías de comunicación para permitir la movilidad de gente de un sitio a otro. Pero primero yo tengo que definir qué es lo que yo quiero como progreso urbano, luego decido hacia dónde conectar. Lo que estoy planteando es que el gobierno va a auspiciar con fondos públicos el desparrame urbano, la ineficiencia, incluyendo comprometer carreteras, alcantarillado, electricidad, los servicios en general”.
El planificador reiteró las denuncias sobre lo que parece ser el uso equivocado que hace el gobierno de todo lo que constituye la política del uso de terrenos inteligente, el agua, las posibilidades del desarrollo de los cascos urbanos y concentrar la infraestructura en esos espacios. Mientras por el contrario “esa receta que lleva planteándose hace años y que se supone sea política pública en Puerto Rico de sustentabilidad, corresponden a un país con una proyección demográfica de que habremos menos personas y de más edad en el territorio en el futuro. Uno dice para quién y para qué sería esa infraestructura”.
Ante esta denuncia catalogó los anuncios hechos por Fortuño como de propaganda hueca. “A mí me suena esta paradoja histórica a que nosotros hemos invertido el proceso de planificación, de que comenzamos por el proyecto y luego adoptamos las otras fases a la realidad de la cosa construida. Por lo menos a mí me enseñaron en planificación que primero se conceptualiza la idea, el plan y luego se hace operacional con proyectos. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el proyecto de desarrollo que justifica esas inversiones? En arroz y habichuelas, estamos poniendo la carreta frente a los caballos o estamos hablando de un disparate”.

La farsa del cine

“Atraemos sobre $100 millones en producciones fílmicas a Puerto Rico, generando miles de empleos”.
“Disneyworld”, fue la primera reacción del veterano productor Pedro Muñiz, ante las declaraciones del Gobernador.
Muñiz, quien también es miembro activo del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), reconoció que “el gobierno de Fortuño ha traído cine extranjero al país. Si uno niega eso, entonces uno se torna en lo que ellos mismos hacen, en manejar la verdad. Pero jamás ni nunca 100 millones de pesos, ni remotamente cerca. De la misma forma que le echan la culpa a la administración anterior, mucho de esos dineros son producto de la administración anterior porque en una película se toma la decisión de ir a filmar en un sitio o en otro con muchísimo tiempo de anticipación y ese trabajo fue un trabajo conjunto de Luis Rickholf y que Mariana Pérez Serrano ha continuado. A mí no me cabe la menor duda de que Mariana Pérez tiene la mejor intención de traer un montón de películas pero a ella misma se le haría bien difícil poderle enseñar a la prensa esa inversión de cien millones y mucho menos cualificarla a través del Departamento de Hacienda”.
De igual manera desmintió que las producciones extranjeras que se han hecho en la Isla hayan generado miles de empleos. Aseguró que la mayor parte de las compañías norteamericanas han traído sus jefes de departamentos cuando van a filmar en la isla. “Si hubiera miles de empleos sería una industria vigorosa. Si le preguntas a los técnicos de cine te dirán que sí ha habido trabajo, pero no como para vivir de eso. Tampoco se contratan a actores puertorriqueños en las películas, unos pocos aparecen de extras y vemos unas cuantas caras conocidas. Así que Fortuño sigue en Disneyworld”.
En cuanto a la inversión cinematográfica, el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, ya había cuestionado en noviembre del 2010 si los incentivos del Gobierno a la industria fílmica norteamericana estaban generando ingresos y empleos en Puerto Rico.
En un artículo publicado en la página de Internet del CNE, Marxuach puso en duda declaraciones del gobierno de que la filmación de la película Fast and Furious 5 representó una inversión en la Isla de $28 millones de dólares y la creación de diecisiete mil empleos. “La parte de los empleos tiene que ser un error porque ni siquiera la notoria Ley de Incentivos del 2008 creó los quince mil empleos que prometió. ¿Cómo entonces una sola película puede haber creado diecisiete mil?”, se cuestionó.
En cuanto a la inversión, retó a hacerse dos preguntas: La primera, ¿cuál fue la cantidad de incentivos que recibió el proyecto? Debido a que si el proyecto recibió $25 millones en incentivos o créditos contributivos, entonces se neutralizó la inversión. Segunda, ¿cuánto le costó al erario el proyecto a través de costos como el tiempo y equipo de la policía, personal y equipo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y quizás más importante, la productividad perdida? La respuesta es que estos proyectos “sólo valen la pena si logran inyectar más a la economía de lo que sacan”.
Marxuach citó un estudio reciente publicado por el prestigioso Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) respecto a la industria del cine, que reveló que en la actualidad 43 estados ofrecen incentivos para la filmación de películas, con un costo en exceso de $1,500 millones y con poco o ningún impacto económico.
Al finalizar cuestionó la moralidad de otorgar beneficios fiscales al millonario complejo industrial de Hollywood. “En un lugar como Puerto Rico, donde casi 50% de la población vive bajo la pobreza, donde en muchas escuelas públicas se pasan semestres enteros sin maestros para enseñar todas las clases, donde la infraestructura física del Centro Médico se está cayendo literalmente en cantos, y donde los homicidios son la orden del día, simplemente es inaceptable que se desperdicien caprichosamente los escasos recursos gubernamentales en jugar a las películas de Hollywood”.

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