por Gary Gutiérrez  | para http://80grados.net

14 de Octubre de 2010 | 4:43 pm

La ya casi cotidiana imagen de arrestados flanqueados por agentes federales entrando al edificio federal en la calle Chardón, en esta ocasión significa más de lo que se ve a primera vista en las fotos y videos.

Los 130 detenidos, despeinados, vestidos en camisetas, pantalones cortos y calzado deportivo sin medias, esta vez son oficiales del orden público y su detención pasará a la historia como la mayor redada por corrupción policiaca hasta hoy en la historia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), principal cuerpo policiaco de los Estados Unidos de América.

A minutos de “romper” la noticia, la misma corrió como virus mediático tanto en Puerto Rico como en todo el mundo. Por supuesto el evento también acaparó la discusión radial en la Isla, con una sobre dosis de comentarios, discusiones y análisis.

El resultado supuestamente final de este dramatismo mediático es que la intervención fue un “duro golpe al narcotráfico y la corrupción en el país”.

Claro, el arresto de esta cantidad de policías en momentos en que la uniformada del país enfrenta otra crisis de legitimidad (cuestionado por el uso excesivo de la fuerza), puede ser visto desde diversas perspectivas y tiene varias dimensiones.

La primera impresión y probablemente la más simple, es que finalmente alguien vino a poner orden y justicia.

Desde esta premisa, las autoridades federales son construidas como un ejército de “liberación” que interviene para salvar al pueblo de los corruptos abusadores que, como gérmenes, corroen la fibra de las autoridades locales.

Esta imagen se enraíza con los cometarios racistas del director del FBI en la Isla, Luis Fraticelli, quien tras la batida no tardó en catalogar la corrupción como “sistemática y endémica” en la Policía de Puerto Rico.

Es decir, los ‘nativos” son malos y corruptos por naturaleza y los civilizados tienen la obligación de salvarlos de ellos mismos.

¿No suena eso como “la carga blanca”, que impone al blanco estadunidense el peso de “salvar” a las demás etnias y elevarlas a un nuevo nivel de civilización?

Otra lectura igualmente simplista y peligrosa de estos arrestos, es el pensar que los mismos dramatizan el hecho de que los uniformados del país son sólo otra ganga de abusadores y que por tanto su autoridad es no-legítima.

Esa deslegitimación del oficial del orden público, justificada o no, puede ser peligrosa pues termina fomentando el espiral de violencia social.

Si las instituciones del país, como la Policía, se ven como ilegítimas, los ciudadanos no tienen por que someterse a su autoridad. Ante ese reto a la autoridad, producto de la deslegitimación, el aparato estatal regularmente responde con represión y uso de la fuerza para restablecer su control.

El resultado de ese incremento represivo es más deslegitimación y por tanto más respuesta violenta, tanto de la ciudadanía como por parte del Estado.

“Como están las cosas, si veo llegar a la Policía a mi casa, le tiro primero”, comentaba una mujer en Facebook ante la muerte a manos de la policía de un anciano en Ponce

Así se desarrolla el espiral de violencia social.

Sin embargo, si examinamos estos incidentes desde la perspectiva de la llamada criminología crítica, el cuadro distinto. Si al estudiar estos arrestos no se comete el error típico que cometen las autoridades estatales al analizar “la criminalidad”, probablemente se entienda mejor el mismo.

El fenómeno de la corrupción policiaca, así como el de la criminalidad, no se pueden estudiar como burbujas desvinculadas del resto de la sociedad. Es decir, no se puede estudiar al crimen y la corrupción como meros productos de individuos desviados por naturaleza o por falta de socialización adecuada.

Estos funcionarios “corruptos” no llegaron del planeta Marte, ni surgieron por reproducción instantánea. Estos, como el resto de los etiquetados como criminales, salieron de nosotros y nosotras. Esos “corruptos” y “criminales” son nuestros hermanos o hermanas, padres o madres, primos o primas, o nuestros novios, novias o amantes.

Al fin y al cabo, esos criminales o corruptos también somos nosotros, surgieron de donde mismo salimos todos, es decir, ellos también son un producto social.

Son frutos de una sociedad cuya cultura se basa en acaparar bienes de consumo que se convierten en símbolos del éxito.

Esta es una sociedad donde el valor del individuo no radica en su capacidad de producir, ayudar y solidarizarse con el colectivo.

En las sociedades capitalistas como la que vivimos, el valor radica en la capacidad de consumir y mientras más caro lo consumido, más vale la persona que lo consuma.

Claro está, esa misma sociedad que es equitativa e incluyente para imponer las necesidades de consumo, es totalmente excluyente cuando viene a la capacidad de producir y ganarse legalmente los recursos económicos que posibiliten ese consumo.

Por tanto, a los que se dan cuenta de que no tienen accesos legales a consumir, les quedan dos opciones.

Para los que tengan un pensamiento político desarrollado, la solución radica en las luchas, violentas o no por un cambio social más justo y equitativo. Sin embargo, para la mayoría que no tiene ese grado de desarrollo político, criminalizarse puede ser la solución más viable.

Regresando a los policías arrestados.

¿Acaso estos funcionarios, hoy etiquetados como “corruptos” no son parte y resultado de este mismo proceso de inclusión y exclusión?

Si se toma esta perspectiva como base para el análisis de estos arrestos las conclusiones deben ser las mismas que al analizar otras expresiones de lo criminal o “desviado” en nuestra sociedad.

Analizando así a estos “policías corruptos”, se pueden ver sus acciones como resultado lógico, no digo aceptables o buenas.

Digo que son acciones que pueden ser entendibles, si se toma en cuenta el contexto cultural de consumo en que se producen.

Ya que si a esa cultura de inclusión y exclusión se le suma lo fácil que es en Puerto Rico el mercado negro, producto de la prohibición de las drogas, nadie debiera sorprenderse por el hecho de que unos oficiales del orden público se criminalicen.

Al fin y al cabo, es el mismo resultado de la prohibición del alcohol.

Cuando el alcohol se ilegalizó en los Estados Unidos, once por ciento de los oficiales especializados en combatirlo fueron presos por corrupción. Esto sin contar la cantidad de policías locales que sufrieron la misma suerte.

Para finalizar, si miramos desde esta perspectiva las imágines de estos oficiales arrestados, nos damos cuenta que las mismas son otra expresión de la misma insanidad, pero esta vez vestida de azul.

Es decir, estos arrestos son parte de la insanidad de pretender que los resultados cambien sin cambiar las variables que los producen.

Estos oficiales se desviaron y criminalizaron por las mismas razones que el narcotráfico y la criminalidad son los principales sectores económicos del País. Cuidado si no es la más importante actividad económica de capital local moviendo anualmente quince mil millones de dólares al año.

En estas circunstancias, pedirle a un policía que no se corrompa y que subvencione sus ingresos con un “part time” de 200 pesitos al mes, es como pedirle a un joven marginado, que no venda drogas y se vaya a trabajar en un subempleo que le deje setenta o cien dólares a la semana sin plan médico, seguridad social y otros derechos.

Existen alternativas moralmente “correctas y encomiables”, pero, ¿son alternativas realistas si se miran desde la insanidad social que hemos construido?

En fin, que pasado el tumulto y dramatismo de los arrestos, el ilegalizado negocio de las drogas continúa tan fuerte como siempre, mientras las autoridades se embriagan en la ilusión de que hicieron algo importante.

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