Criminología cultural: mirándonos en la violencia

Por Gary Gutiérrez

 

 El nacimiento del siglo XXI  en Puerto Rico ocurre en medio de una afirmación de los valores del neoliberalismo que dominaron Latinoamérica dos décadas antes. De igual forma, durante esta primera década del siglo, la violencia social se considera por muchos parte del diario vivir de los puertorriqueños. A diario, historias de incidentes con múltiples víctimas a plena luz del día compiten por el espacio mediático con las víctimas de la violencia domestica que cobra cientos de vidas

 

Esta violencia no solo acapara la atención de los medios de comunicación de masa, manteniendo así en estado de tensión a grandes sectores de la población.  Por supuesto, también es parte del que hacer académico que, desde los centros universitarios,  trata de estudiar, entender o explicar el fenómeno desde diversas disciplinas y puntos de vistas teóricos.   Políticos, psicólogos, sociólogos y hasta uno que otro filósofo evocan teorías tratando de construir y definir el proceso mediante el cual unos sectores de la población supuestamente se desvían y recurren a la violencia como forma para resolver los conflictos cotidianos de la vida.  Supuestamente se desvían, pues al examinar la historia del ser humano como especie, se puede afirmar que la violencia en realidad no es una desviación, sino que es parte de la forma en que los seres humanos se relacionaron unos con otros y que solo en los pasados cien años la idea de “la no violencia”  se masifica intelectualmente como alternativa para resolver conflicto.  Incluso en Puerto Rico, parecería válido cuestionar esa definición de la violencia social  como “desviada”, ya que la misma aparenta ser el resultado lógico del proceso histórico político y económico que da forma al “puertorriqueño” del siglo XXI.

 

                Por supuesto, una de las disciplinas académicas que se adentra  en el análisis de esta violencia es la llamada criminología.  Al  fin y al cabo, es esta rama de la sociología que se supone estudie el origen y desarrollo de la desviación social. 

 

Cuando se habla de criminología, regularmente se marca sus comienzos con la llamada escuela clásica, allá en el siglo XVIII. En ese entonces, múltiples pensadores europeos comenzaron a estudiar y cuestionar la forma en que los nobles y la iglesia manejaban a los desviados.  Entre estos se destaca  el italiano Cesar Beccaria, quien publica sus reflexiones y recomendaciones sobre la forma en que el “Soberano” debía reaccionar ante el comportamiento definido cómo desviado.  El trabajo de Beccaria, y la construcción resultante del mismo, es un claro ejemplo de cómo la visión que una sociedad cualquiera tiene de la desviación y la criminalidad,  refleja los valores culturales de la misma. Incluso demuestra cómo esa sociedad se ve y se define.   Al leer De los Delitos y de las Penas (2002),  es fácil ver que las ideas de Beccaria representan la visión mercantilista de la nueva clase burguesa y los miedos que esta le tenía al poder absoluto que los aristócratas alcanzaron en el feudalismo de la edad media (Young, 1980).  

 

Más tarde en la historia, con la llegada del siglo XIX, surge el segundo gran paso en dirección a lo que hoy conocemos como criminología, la escuela de pensamiento llamada positivista. Con esta visión se establece un saber criminológico concebido y construido como ciencia social donde el observador se autoconstruye como un investigador independiente que mira a los demás seres humanos y a la sociedad “desde afuera” y de forma supuestamente imparcial (Baratta, 2004). 

 

Se puede decir que estas dos escuelas de pensamiento, la clásica y el positivismo, son las bases teóricas que todavía permean y dan forma al aparato de Justicia Criminal en Puerto Rico.  Por un lado, el pensamiento clásico que expone que el comportamiento desviado es el resultado racional de un proceso analítico de costo beneficio que se da en el individuo (Young, 1980), todavía da forma y mantiene la visión del Derecho y de la desviación que impera en el aparato policiaco y los tribunales de la Isla (Rivera Lugo, 2004).  De igual forma el pensamiento positivista, ese que entiende que la desviación es una especie de error en el proceso de socialización del individuo y que por lo tanto es la sociedad quien tiene la responsabilidad de resocializar, reeducar o rehabilitar al desviado (Young, 1980), es la base del sistema correccional, sancionado incluso por la llamada  constitución del Estado Libre Asociado, que en su Carta de Derecho estipula que todo confinado tiene derecho a su rehabilitación (Carta de Derechos, 1952). 

 

Partiendo de lo anterior y de la aparente bipolaridad de la política pública en Puerto Rico en torno a la desviación, es fácil deducir entonces que en esta Isla se repite una deficiencia que el italiano Alessandro Baratta (2004), le atribuye a todos los sistemas penales occidentales.   Según este pensador italiano, los sistemas jurídico-penales en occidente están atrasado por lo menos cien años en comparación con la sociología del derecho que,  en la modernidad tardía o postmodernidad, mira más allá del propio crimen y la llamada desviación en busca de entendimiento de lo que se construye como  desviado o criminal.

 

Como si este retraso teórico en el sistema jurídico-penal no fuera terrible en sí mismo, cabe preguntar si en Puerto Rico,  ¿la propia academia no se encuentra en la misma situación?  Es decir,  ¿al formar a los estudiantes de Justicia Criminal y del Derecho en el funcionamiento del sistema, no se está reproduciendo acríticamente esas mismas visiones que se establecieron hace más de cien años y que solo terminan reproduciendo el discurso de ley y orden impuesto por el poder para beneficio de sus intereses?  Visión que maneja la desviación y la criminalidad de forma inefectiva, pues solo se limita a trabajar con las consecuencias del problema, obviando así  las condiciones socioeconómicas y políticas que propician esa desviación.  Además, utiliza ese mismo sistema jurídico-penal como herramienta de control social e imposición de unas concepciones de orden producidas desde los intereses y el poder de las clases dominantes en la sociedad (Baratta, 2004; Joung, 1980; Muncie, 2000; Pavarini, 2002; Villa Rodríguez, 2008).

 

Precisamente esta preocupación en torno a cómo se estudia la criminología y cómo el conocimiento generado de ese estudio construye el entendimiento del orden, lo  criminal o lo desviado, es atendido por el británico John Muncie en su ensayo Decriminalising Criminology (2000).  Muncie, por supuesto,  presenta  una visión genérica que cada académico o criminólogo debe atemperar a la realidad de la sociedad en que vive. Su ensayo invita  a romper con los parámetros de la criminología liberal, como la llama Baratta (2004) y propone mirar la desviación con otro crisol.  Apunta  a que se rompa con esas ideas clasicistas y sobre todo positivistas, que aparentan dominar el estudio de la desviación y que según el italiano Massimo  Pavarini se fortalecieron durante la última parte del siglo XX con el surgimiento de la llamada nueva izquierda realista (2002).  

 

La izquierda realista afirmaba el origen de clase de los problemas sociales como la desviación, pero entendían que los mismos debían manejarse con represión policial ya que sus niveles eran insoportables en la sociedad. Para Pavarini, durante las últimas décadas del siglo XX, la búsqueda de aprobación y subvención económica por parte del Estado y de otras instituciones de poder, hizo que un número de criminólogos justificara teóricamente las políticas de represión sistematizada utilizadas por estas mismas instituciones. Esos criminólogos se agruparon bajo los estandartes de la izquierda o la derecha realista como una forma de mantener su pertinencia. De esta manera se  alinearon teóricamente con el status quó y su campaña de “ley y orden” justificando así los recursos que estas mismas instituciones le otorgaban. El resultado de ese proceso académico, según el autor italiano, es una simplista política de orden público basada en la represión y sancionada por la academia (Pavarini, 2002).

 

En Puerto Rico, aún cuando históricamente, las políticas del gobierno contra lo desviado fueron siempre  represivas, durante la década del 1990 el discurso de la izquierdas y la derechas realistas se concretizan en las campañas mediáticas bautizadas por el gobierno de Pedro Rosselló González como “Mano Dura contra el Crimen y Guerra contra las drogas”.  Campañas  que sus sucesores mantuvieron o mantienen todavía hoy, bajo otros nombres como “Castigo Seguro”,  “Cero Tolerancia” y la más reciente “Puerto Rico: Sociedad de Ley y Orden”.  Todas igualmente ineficientes en combatir la violencia social que sufre el País (Villa, 2008). 

Es importante aclarar que el surgimiento de estas campañas mediáticas y de represión social se fundamenta en una percepción de aumento de criminalidad y no necesariamente en un incremento real o no de la actividad  desviada o delictiva.  Las estadísticas oficiales del gobierno de la Isla, territorio de los Estados Unidos por virtud del resultado de la Guerra Hispanoamericana, apuntan a que al igual que otras jurisdicciones en esa nación, los delitos llamado Tipo 1 estuvieron en descenso desde el 1992 hasta el 2007. Tipo Uno es la categoría que en la Isla se usa para agrupar los delitos más graves, tanto contra los individuos como contra la propiedad.  A pesar de esa baja global de delitos, lo que sí se registró durante este periodo fue un crecimiento en el renglón de muertes violentas como homicidios, asesinatos y suicidios.  Incluso, la doctora Dora Nevares en su libro Tapando el Cielo Con la Mano (2008), explica que si bien los llamados Delito Tipo 1 bajaron en Puerto Rico durante este periodo, el porciento de crímenes violentos contra personas si registró aumento.  No obstante, estas estadísticas oficiales son altamente cuestionadas por académicos quienes apuntan a que las mismas tienen márgenes de error muy amplios y que por lo tanto no son confiables (Neváres-Muñiz, 2008). 

El doctor Daniel Nina va más lejos y asegura que la criminalidad en el país está dentro de los parámetros históricos de la Isla. La criminalidad no está fuera de control. 

“Hemos reproducido en lo que va del 2010, indicadores similares a los de los últimos 20 años.  No obstante, lo que ha cambiado es la percepción general que tenemos de la policía como cuerpo de seguridad que cumple sus funciones de forma incólume.” (Nina, SF) 

Por otro lado, esa apariencia de aumento en la criminalidad y no los datos recogidos por sus propias agencias, parece ser lo importante para el gobierno de la Isla.  Por ejemplo, el pasado superintendente de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo Dávila, admitió públicamente que su preocupación estaba más bien centrada en la percepción que el público tiene del crimen y no en los datos oficiales sobre estas desviaciones. El pasado jefe policiaco dijo durante una entrevista el pasado  17 de marzo de 2007 a El Nuevo Día, periódico de récord en la Isla, que para él lo importante es trabajar con la percepción de la criminalidad.

“Tú puedes tener unas estadísticas bien bajas y, si el pueblo no se siente tranquilo, eso no refleja el trabajo de la Policía… Para mí, es más importante el sentir del pueblo“(Toledo-Dávila, 2007)

Así las cosas, ¿de dónde entonces surge y en que está basada esta percepción de un crecimiento inmanejable de la violencia y la criminalidad en la Isla? Aún cuando en Puerto Rico, hasta donde tengo conocimiento,  no hay estudios específicos sobre cómo se forma mediáticamente la percepción de lo criminal. Al mirar los medios de comunicación se puede observar un aumento en el dramatismo y temeridad con que se va desarrollando la violencia en la sociedad boricua.  Como se estipula al comienzo, los incidentes de asesinatos múltiples, intercambios de disparos en horas diurnas y en lugares públicos, mujeres víctimas de las más brutales expresiones de la violencia machista, la muerte colateral de personas que no están ligadas a las controversias de los elementos desviados, llenan todos los días  las páginas de los rotativos y ocupan el tiempo de los medios electrónicos del país. Por tanto se puede inferir,  y se debiera estudiar,  si este aumento en la temeridad y el dramatismo de la violencia es lo que da la impresión de un aumento inmanejable de la violencia y la criminalidad.

Real o ilusoria, y partiendo del llamado Axioma de Thomas que apunta a que “si se definen situaciones como verdaderas, son verdaderas en sus consecuencias” (Thomas, 2005),  en Puerto Rico, tal vez como en otras partes del mundo, los medios de comunicación construyen una criminalidad en acenso,  por lo que el gobierno reacciona a esa construcción y justifica el uso de una política represiva para imponer o dar la impresión de que impone el “orden” (Rivera Lugo, 2004).  Partiendo de esas visones construidas sobre la violencia y el crimen, parecería  lógico entonces que para estudiar la violencia en Puerto Rico, no se deba utilizar las visiones teóricas comprendida en esa criminología que Baratta llama burguesa o liberal y que analiza el crimen solo desde el binomio causa y efecto. Esas escuelas teóricas clásica u positivista, como explica el doctor Joel Villa en su libro El Sujeto Criminal: Crimen y Criminalidad en Puerto Rico (2008), tienen poco que mostrar en el ámbito de soluciones y  solo sirven para justificar políticas de control social mediante el uso del Derecho Penal.  Es decir, estas visones académicas siempre terminan justificando acríticamente la encarcelación de grandes sectores de poblaciones marginadas o excedentes, mientras aumentan la violencia callejera como resultado no intencionado de esas mismas medidas represivas (Villa, 2008).

Como alternativa a esa criminología burguesa y liberal (Baratta 2004), se presenta la ya mencionada propuesta de John Muncie (2000), quien plantea la necesidad de romper con esta disciplina y establece que el entendimiento del comportamiento desviado no se logra solamente estudiando a los delincuentes o tratando de encajonar los mismos en categorías estadísticas.  Muncie expone que antes de estudiar al criminal, los académicos deben investigar el orden y la construcción del mismo, para luego estudiar la respuesta a ese orden, incluyendo entonces la desviación.  De igual forma este  británico invita a buscar en el origen de reglas, leyes y prohibiciones las bases para su incumplimiento.  Claramente estipula que las sociedades solo deben criminalizar acciones que van contra del bien común o que hagan daños a otras personas alejándose de procesos de criminalización cuya intención es solamente defender los intereses del poder y las clases dominantes.  Para Muncie, la sobre reglamentación productos de criminalizaciones innecesarias, lleva a más criminalidad. Este académico británico, finaliza su escrito estipulando la necesidad de un cambio de paradigma que transforme la justicia criminal en una justicia social basada en el factor de daño y no los intereses del poder.

Llamados similares pero en torno al Derecho, lo hacen tanto el italiano Baratta en su libro Criminología Crítica y Críticas al Derecho Penal(2004), como el puertorriqueño Carlos Rivera Lugo en su ensayo Ni una vida más para la toga (2004).  Ambos autores llaman a un Derecho desde el pueblo, aunque Rivera Lugo va más lejos y reclama el desarrollo de lo que él construye como “Derecho Humilde”.

El espíritu crítico que mueve a estos autores antes citados, encuentra eco y es también cónsono con los llamados Criminólogos Culturales quienes, al estudiar la criminalidad, desvían la atención de lo construido acríticamente como “lo criminal”  y  ponen su curiosidad en toda la sociedad. Autores como Jeff Ferrer, Keith Hayward y Yock Joung miran la cultura de una sociedad, para estudiar la desviación que en ella se produce.  Para ellos, la cultura es productora y producto de lo desviado y de lo criminal (Ferrel, Hayward, & Young, 2008).

Basado en un entrelazado teórico que incluye ideas pos-marxistas, anarquistas y feministas entre otras, estos pensadores casi todos británicos y estadounidenses, surgen desde el Interaccionismo Simbólico para proponer un acercamiento a las acciones desviadas o criminalizadas desde una perspectiva etnográfica. Este acercamiento permite que el investigador experimente de primera mano el mundo de lo criminal y las construcciones sociales que dan lugar al mismo.  De igual forma, abrazan las ideas llamadas postmodernas, o de la modernidad tardía, para plantear que el orden social es el resultado de una construcción de la política de la representación y la identidad desde el poder (Ferrell & Sander, 1995).  En este sentido, al mirar la violencia o cualquier otra construcción de los desviados,  estos pensadores se alejan de los estudios cuantitativos y las estadísticas alegando que los mismos son solo “estampas instantánea de un mundo en movimiento que requiere más preguntas críticas que aceptación ciega” (Ferrel, Hayward, & Young, 2008). Por tanto, los criminólogos culturales  prestan más atención a la variedad de culturas y subculturas construidas o definidas como criminales, así como a la gama de significados de las mismas.  Al hacerlo se alejan progresivamente de las definiciones “legaluyas” de conceptos como crimen y ley. Por ejemplo, para ellos el crimen no es la violación de una ley, como lo define el Derecho positivista,  sino que ven lo criminal como acciones en búsqueda de placer, retribución o satisfacción, catalogadas como desviadas por el grupo dominante en una sociedad.  Así mismo para ellos, las “leyes” o las “normas” dejan de verse como instrumentos de balance y justicia social, como los definen los autores clásicos,  para redefinirlos como aparatos represivos que sirven a intereses de los grupos de poder (Ferrell & Sander, 1995).  Esta visión de la ley y la desviación, entonces,  se basa en la presunción de que cuando una sociedad prohíbe una conducta, con razón o sin ella,  en realidad lo que está criminalizando es el “significado simbólico” de esas acciones criminalizadas (Ferrel, Hayward, & Young, 2008).

Un ejemplo de lo anterior puede ser la criminalización de las sustancias psicoactivadoras que llamamos drogas.  Al mirar la Historia de las Drogas de Antonio Eschotado (2004) vemos que su prohibición, al comienzo del siglo XX, no correspondió al posible daño físico o social que el uso de estas sustancias pudiera causar, y mucho menos a los supuestos problemas sociales resultantes de su uso.  Su prohibición, explica Escohotado,  correspondió a que el uso de estas sustancias afirmaba unas culturas que el blanco, capitalista, conservador, etnocéntrico y moralista de principio del siglo XX en los Estados Unidos de América, veía como pecaminosas, atrasadas y salvajes. Así se prohibió la marihuana de los mexicanos, la coca que décadas antes, los propios blancos introdujeron en las comunidades afroamericanas durante el periodo esclavista, y el opio que trajeron del Oriente los chinos, quienes fueron importados como mano de obra diestra y barata para construir los ferrocarriles.  Es decir, lo que se buscó con la prohibición de las drogas fue controlar el resultado simbólico de su uso. Simbólicamente hablando, el consumo de estas sustancias resultaba en una reafirmación de rasgos culturales de sociedades que se veían como atrasadas y amenazantes a las supuestas sanas costumbres de la cultura de temperancia del hombre blanco ostentante del poder durante la primera parte del siglo XX.  En fin el resultado del proceso de criminalización de estas sustancias fue la exclusión social de los que practicaban estas costumbres diferentes. Esto sin contar los costos socioeconómicos que estas prohibiciones provocaron a lo largo de los pasados 100 años.

Además de definir como simbólicas  las prohibiciones, los criminólogos culturales estudian también la desviación como resultado de lo que llaman “Bulimia Social” (Young, 2003) y la “Carnavalización del Crimen” (Presdee, 2001).  Partiendo del concepto de la anomía, el británico Jock Young (2003) explica que el crimen puede ser un discurso contestaría ante la percepción y toma de conciencia por parte de los marginados, de las desigualdades sociales producidas por la integración a las expectativas de consumo de eso mismos sectores que son separados de las oportunidades de producción económica.  A diferencia de la teoría de la anomía original, al aludir al concepto de “bulimia social”,  Young aclara que no es la mera marginación lo que puede resultar en la desviación.  Señala que es la toma de conciencia del marginado de la sociedad le ha impuesto unas metas sociales que no podrá alcanzar manteniéndose dentro de los parámetros que la sociedad le concede para que produzca. Es decir que el factor clave para la posibilidad de desviarse no sería la anomía como tal. Sino que lo que conduce a la desviación es la toma de conciencia de esa inclusión para consumir y exclusión para producir legalmente los recursos necesarios para ese consumo.  El ejemplo utilizado por el Young (2003) para explicar este proceso son los niveles de desviación en las primeras y segundas generaciones de migrantes en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Regularmente, los migrantes de primera generación, se construyen a si mismo como personas que no pertenecen a la sociedad que los recibe, por lo que tienen que ganarse el respeto y el espacio. Estas generaciones tienden a registrar menos índices de desviación o criminalidad cuando se comparan con las segundas y terceras generaciones, es decir con sus hijos y sus nietos.  Explica Young (2003) que esas sergundas generaciones regularmente se perciben y se construyen como perteneciente a la sociedad que recibió a sus padres y por lo tanto, con derecho al respeto y  al acceso a los símbolos de éxitos impuestos por esa sociedad de la cual ellos si se sienten parte.  Pero al mismo tiempo se perciben y se ven como excluidos de los buenos empleos y oportunidades de estudio y desarrollo.  Es precisamente esa dicotomía de integración social para consumir, pero expulsión social de las posibilidades de generar los ingresos necesarios para ese consumo, a lo que se alude en el concepto de bulimia. Es fácil entonces, propone  Young, que esas segundas generaciones miren al crimen como herramienta para resolver esta incongruencia económica-social.

Partiendo de este proceso “bulímico” de integración y exclusión, el crimen se convierte en una especie de ritual de inversión que ilusoriamente empodera al marginado cuando este logra acceso a los símbolos del éxito (Young, 2003; Presdee, 2001). Esto es lo que en la criminología cultural se conoce como la carnavalización o el carnaval del crimen (Presdee, 2001). El concepto de carnavalización, es decir del crimen como ritual de inversión surge de los trabajos de Jack Katz, quien es su libro  Seductions Of Crime: Moral And Sensual Attractions In Doing Evil (1990) expone la atracción que siente el ser humano cuando experimentar aquello que le es prohibido.  Basado en esta teoría, explica el también británico Mike Presdee en el ya clásico Cultural Criminology and the Carnaval of Crime (2001), cómo la transgresión a la norma se acompaña de un grado de satisfacción y empoderamiento.

Al integrar esta noción de seducción de lo prohibido al concepto antropológico de ritual de inversión,  Presdee otro de los líderes de la llamada criminología cultural, creó el témino carnavalización del crime y explica que aquella persona que se concibe a sí misma como excluida y marginada utilizará la desviación, con mayor o menor grado de violencia, como vehículo para empoderarse y sentirse en control de su existencia (Presdee, 2001).  Para ilustrar el concepto se puede mirar al obrero que tras todo el día de reprimir impulsos de contestar con violenta a los abuso de su patrono, llega a su casa, donde siente que es el poder. Allí desata su furia contra su compañera o sus hijos a quienes construye como individuos subordinados a el. Es decir, usa la agresión contra aquéllos que construye como más débiles para ilusoriamente sentirse empoderado.  De igual forma se puede apuntar a los jóvenes que mediante el grafiti se empoderan y “hacen suyas” las paredes de una sociedad que los excluye.  Por supuesto, desde esta perspectiva también es fácil entender al joven que nace y se cria en un sector marginado y que para salir de esa marginación se integra al mundo de la droga en búsqueda de riquezas, pero sobre todo de respeto.

En fin,  aparenta que la Criminología Cultural ofrece al estudioso un adecuado punto de observación teórico desde el cual estudiar la construcción y la respuesta de lo desviado , asi como a la violencia en Puerto Rico.  Isla caribeña que mantiene una dependencia económica de los Estados Unidos y que sufre la falta de poderes resultante de más de 100 años de relación colonial con esta nación.   Si se observa la sociedad puertorriqueña, se pudiera concluir que la misma resume todos los rasgos que la Criminología Cultural detalla como promotora de la desviación, la criminalidad y la violencia.

Por una parte, la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, producto de una invasión militar y de una dependencia económica de más de cien (100)  años, aparenta producir a un puertorriqueño con una baja autoestima y una pobre imagen de sí mismo. Esto, claro, mirando al puertorriqueño del siglo XXI a través del trabajo de psiquiatra franco-caribeño Frantz Fanon, quien en su libro Los Condenados de la Tierra,  explica cómo la falta de poder político lleva a las poblaciones colonizadas a la violencia social u horizontal. Es decir, cómo el colonizado desata la violencia producto de su frustración contra sus iguales y no contra el poder colonial que lo oprime (Fanon, 2007). Por tanto se pudiera afirmar que para estudiar la violencia criminal en Puerto Rico se debiera, antes que todo,  partir de la realidad cultural producto de la situación colonial de la isla y de cómo la misma puede resultar en un proceso donde el oprimido utilice la violencia social como forma de empoderamiento y en una especie de ritual carnavalesco de inversión explicado y definido por los criminólogos culturales.

Desde esta perspectiva, sería recomendable estudiar cómo esa relación política con los Estados Unidos termina también estableciendo unas condiciones económicas que imponen a los puertorriqueños los símbolos del éxito de la metrópolis, a la vez que excluye la isla de las posibilidades de producción de unos niveles económicos apropiados para alcanzar los mismos. Según los estimados de la Oficina del Censo del Gobierno de Puerto Rico, la isla cuenta con 3.8 millones de habitantes (Junta de Planificación, 2008) y de ese total solo el 43.2% ostenta un empleo, lo que implica que más del 56.8 población de la isla no está incluida en el sector productivo (Departamento del Trabajo, 2010). De ese 43.2% que reportan estar trabajando, el 22% dice laborar menos de 35 horas a la semana. Se debe entender entonces que menos del 34% del País tiene un trabajo a tarea completa (Census Bureau, 2008). Estipulando de otra parte, que el hecho de tener un trabajo a tarea completa no sea indicador de que el ingreso devengado durante esa jornada de trabajo sea suficiente para sostener dignamente sus familias y mucho menos para alcanzar los símbolos de éxito social.   Por tanto, mirando estas cifras, también es lógico acercarse a la violencia social que se ve en las calles boricuas desde la prespectiva de la “bulimia social” explicada por Young (2003). 

Para terminar y siguiendo la recomendación de la criminología cultural que apunta a que las prohibiciones en una sociedad tiene un valor simbólico, debiera ser estudiado el efecto que tiene sobre la sociedad y la violencia social el hecho de que las leyes que rigen en la isla, al igual que la construcción del sistema que atiende lo desviado y lo criminal, se impone con el endoso de los politicos locales desde la metrópolis política cuya cultura es diferente.  

El ejemplo de la ley antidroga en la isla es más que sufiente para ilustrar esta situación. La llamada LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE PUERTO RICO del 1971 (Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 según enmendada) es una copia traducida de su homóloga estadounidense el COMPREHENSIVE DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL ACT OF 1970 (TITLE 21 UNITED STATES CODE).  Desde la Criminología Cultural,  se debe preguntar si al imponérsele al pueblo de Puerto Rico la visión que sobre las drogas imperaba en la admisntración del presidente estadounidense Richard Nixon, no se estaba realmente imponiendo a la isla,  la visión punitiva que sobre esas sutancias escogió Nixon en una movida de estrategia político partidista, que no tenía ninguna base académica o criminológica (Musto & Korsmeyer, 2002).  Al ser la LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE PUERTO RICO una copia traducida de la ley estadounidense, ¿acaso no pudiera entenderse que su resultado práctico fue la imposición legal de unas definiciones simbólicas sobre la droga que nada tenían que ver con la cultura o idiosincrasia de los puertorriqueños y mucho menos con la sistuación de estas sustancias en la Isla? ¿Puede ser esto parte de las razones por las que algunos sectores del País no tienen problema violando este estatuto prohibicionista?

En resumen, usando la criminología cultural como punto de partida,  los puertorriqueños podemos preguntarnos, si es que la violencia que parece permear nuestra cultura actual es,  producto de los procesos históricos y socioeconómicos que la forjaron.  Lo anterior permitiría investigar y cuestionar si, como sociedad los puertorriqueños desarrollaremos de forma  inconsciente,  una cultura contestaría desde la cual la violencia es solo otra herramienta más para, ilusoriamente, empoderarse ante esa desigualdad socio económica que caracteriza el proceso histórico de la isla. Desigualdades que, cabe añadir, aparentan incrementarse con la llegada hace unos años de una política pública basada en el neoliberalismo actual, con todo lo que ello implica.  Es decir, preguntar si mucha de esa violencia que ocupa hoy día los espacios mediáticos en la isla, no es otra cosa que el resultado no consiente de una “bulímica” relación política y económica ente Puerto Rico y los Estados Unidos, que aparenta condenar al primero a aspirar desde su pobreza a los símbolos de éxito que rigen en la riqueza del segundo.  

Pensándolo bien, me pregunto si estas interrogantes acaso no debieran preguntárselas también los académicos latinoamericanos o caribeños que se adentre en el tema de la violencia en su País.

 

 

 

 

Referencias:

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