Guerra social, consecuencias esperadas 

Publicado originalmente en :http://periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1376:una-guerra-social-con-consecuencias-esperadas&catid=131:desde-la-acera-del-frente&Itemid=410

El derribo de un helicóptero de la Policía Municipal de San Juan que causo la muerte de uno de sus tripulantes, así como la muerte de un joven a manos de un militar en Carolina hace unas semanas son dos situaciones que representan una nueva escalada de la violencia social en el País.

Tras estos incidentes, nadie puede negar que Puerto Rico se encuentre en medio de una “Guerra Social”.

Ahora, si preocupante son estos incidentes, más alarmantes son las reacciones a los mismos.

Para comenzar es preciso ver la vergonzosa y simplista respuesta del alcalde de San Juan, Jorge Santini, al ataque contra la nave aérea del municipio.

En un estilo típico de “guapo de barrio”, hablando de ocupación de la comunidad, represión social, el primer ejecutivo de la Capital bajó al mismo nivel que los elementos desviados que protagonizaron el mencionado ataque.

Es decir, para el alcalde Santini la situación se debe manejar combatiendo fuego con fuego, violencia institucional para controlar la violencia social.

Por otra parte el desgraciado incidente también generó un fuerte editorial por parte de uno de los principales medios de comunicación de masas en la Isla.

En su alocución, la dirección del rotativo criticó fuertemente el derribo del aparato y exige que se haga “justicia” esclareciendo la muerte de Quiñones a la mayor brevedad.

Con un lenguaje más sofisticado, pero igualmente simplista, los dirigentes del periódico piden un fortalecimiento de las políticas punitivas que por décadas caracteriza la política pública contra la criminalidad en la Isla.

La publicación llama así al gobierno para que le haga frente a lo que ellos llaman “el estado de guerra declarado al País por el crimen organizado”.

Las expresiones y exigencias del editorial no tan sólo son simplistas, sino que son incorrectas.

Comenzando con que no fue “el crimen organizado” quien declaró “el estado de guerra” que sufre el país sino al contrario.

La llamada “guerra” que hoy se libra en las calles de Puerto Rico la declaró el presidente de los Estados Unidos a finales de la década del 1960 y comienzos de la del 70 y la fortalecieron los que le sucedieron en el cargo.

A finales de los 60 del siglo pasado, en vez de Richard Nixón seguir la recomendación de todos los grupos consultados y construir el problema de narco dependencia como uno de carácter médico salubrista, lo declaró un problema criminal.

Les hizo más caso a sus asesores políticos que a la American Medical Association y a la American Bar Association, entre otros grupos, que aseguraron que el uso de drogas no debía verse como un problema policiaco.

Hoy, 40 años más tarde, estas medidas a corto plazo, dramáticas pero inefectivas, siguen siendo la base de la política pública puertorriqueña para manejar la creciente violencia producto del narcotráfico y de la desigualdad social.

En su ensayo, “Ni Una Vida Más para la Toga”, el doctor Carlos Rivera Lugo documenta como se produce y desarrolla un círculo vicioso de violencia que surge de la percepción que tienen del gobierno los sectores sociales marginados.

Esa percepción como ilegitima que tienen estos sectores sociales, genera una respuesta de violencia social que es reprimida con más violencia por parte del gobierno.  Esta respuesta violencia por parte del Estado lo deslegitima aún más ante la población marginada  creando así el circulo de violencia en espiral que se experimenta en la Isla.

Ya es hora de acabar con esta insanidad que nos lleva a seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.

Si realmente queremos romper con este círculo que convierte a la Isla en una jurisdicción con índices de violencia más altos en el mundo,  debemos comenzar por dos estrategias básicas.

Ya es hora de descriminalizar el uso de las sustancias psicoactivadoras, de tal manera que estas estén disponibles al público mediante mecanismos legales y que como pasa con el alcohol y la nicotina, aquellos que tengan problemas de abuso de las mismas reciban las ayudas médicas necesarias.

De esa forma se desmantela y reduce a un mínimo el mercado negro que es la base de gran parte de la violencia callejera.

Por otro lado, si realmente se quiere reducir la violencia social que ocupa la calle, se tiene que disminuir la violencia económica impuesto por el sistema capitalista.

Para  la mayoría de los jóvenes del País, aun aquellos con grados universitarios, el sistema sólo le ofrece empleos chatarra donde no se gana suficiente para independizarse de sus padres y mantener dignamente a una familia.

Los que tienen la suerte de encontrar un empleo, sólo cobrarán el mal llamado salario mínimo, que en Puerto Rico es “salario máximo” y probablemente serán catalogados como “asociados” a jornada parcial lo que lo exime de reivindicaciones justas como plan médico, vacaciones o bonos.

Ante esta situación, no es de sorprender que muchos jóvenes se criminalicen como una forma de obtener un ingreso adecuado y de empoderarse ante un sistema que lo devalúa convirtiéndolos en carne de cañón cuya existencia sólo se justifica por lo que le produce y le gasta a los grandes intereses absentistas en la Isla.

En fin que el problema de la violencia ejemplificada por los incidentes de los pasados meses, no se va a resolver con discursos simplistas de  intervenciones paramilitares, ni mucho menos con estribillos publicitarios como “más mano dura”, “castigo seguro” o “cero tolerancia”.

Al contrario, eso lo único que logrará, como lo hace hasta ahora,  es que siga aumentando exponencialmente la violencia.

 

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