Por Gary Gutiérrez

Las críticas en torno a las penas benignas y los “privilegios” que disfrutan los componentes de las clases altas, como el exgobernador Pedro Rosselló González,  cuando son imputados de conducta criminal aparentan basarse más en prejuicios de clase, que en la razón y análisis.

El repudio a estos “privilegios” no deja de ser un dilema para los que se consideren pensadores liberares y progresistas, que critican el modelo penal punitivo y carcelario, al tiempo endosan una redefinición que proponga medios alternativos de castigo, donde la reclusión carcelaria sea solo para aquellos desviados que impliquen peligro a la integridad física de otros.  

¿Cómo esos pensadores liberales pueden pedir penas carcelarias mas severas para los que se ven involucrado en crímenes económicos que al fin y a la postre terminan afectando la credibilidad de un sistema al que de entrada esos mismos pensadores consideran inmoral, desprestigiado e intrínsicamente injusto?

¿Como pueden criticar que estos acusados de clases altas sean tratados con delicadeza y comprensión por las cortes y que sus  abogados se ocupen de que se les respeten todas las garantías constitucionales y procesales del sistema; si eso precisamente es lo que cualquier persona razonable aspira para todos los imputados de crimen? 

La respuesta no puede ser aumentarle las penas y tratar mal a los acusados de cuello blanco para equipararle con los imputados de sectores sociales marginales. La respuesta tiene que ser tratar adecuadamente a todos, no quitándoles garantías a los ricos o poderosos, sino avalándoselas a todos por igual.

La respuesta no puede ser mandar a que se pudran en la carcel los convictos  de “cuello blanco”, aún cuando los mismos no presenten un peligro físico real para nadie, simplemente por que son de un alto nivel de vida o por que tengan más recursos.

La respuesta debe ser buscar formas en que todos los convictos de cualquier delito no violento, es decir donde no se produzca daño físico a una persona, puedan pagar su deuda con la sociedad de una forma adecuada sin el costo que implica la reclusión carcelaria.

La respuesta tampoco puede ser que el sistema no les reconozca las garantías constitucionales a los ricos, solo porque son ricos, impidiéndoles una representación legal adecuada. La respuesta tiene que ser que el sistema les garantice a los pobres esa misma representación legal apropiada.

En fin, es cierto que los ricos y los poderosos disfrutan de los beneficios y las mejores garantías que ofrece el sistema. Es cierto que tienen abogados que se ocupan de que los tribunales y a los jueces les escuchen y que tomen en cuenta todos los aspectos de la ley que pueden beneficiarles como acusados. Es cierto que en muchos casos sus los jueces envían a estos convictos de cuello blanco  a instituciones de mínima seguridad que incluso son llamadas “Club Fed”.

Pero, el hecho de que a esos acusados o convictos por llamados “Crímenes de Cuello Blanco” se les tengan todas esas consideraciones no es algo negativo. Al fin y al cabo, la mayoría de esas consideraciones no son otra cosa que las garantías que los Estados modernos les reconocen a sus ciudadanos.

Lo negativo es que no se trate de esa manera a todo ciudadano que es imputado o convicto de delito.

Por tanto al hablar de la forma en que se manejan los casos de cuello blanco, no es importante el porque a ellos se les trata de esa forma. Lo que es realmente importante es el porque no se tratan de igual forma al resto de la sociedad.

Es cierto lo que expresado por el secretario de Justicia Sanchez Matos, en el caso de caulquier hijo de vecino se hubiera encontrado causa probable.

¿Donde esta el verdaderos problema? ¿Está en el hecho de que a Rosselló se le reconocieron mas derechos que los estipulados en los estatutos; o está en que a la mayoría de a la población, por falta de recursos no se le reconocen los mismo?

 

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