Análisis Crítico

Análisis Crítico del artículo “Sentencing in the States: the good, the bad, and the ugly”

Gary Gutiérrez

Universidad Interamericana de Puerto Rico

Autor “Sentencing in the States: the good, the bad, and the ugly” por Julie Stewart: Ex directora de Asuntos Públicos del Instituto Cato en los Estados Unidos y presidenta y fundadora de la Fundación de Familias en Contra de Sentencias Mínimas Mandatorias (FAMM por su nombre en ingles)

Análisis:

La Autora del escrito objeto de este análisis, Julie Stewart, utiliza el arresto de su hermano por producción de marihuana, para reflexionar sobre las sentencias mínimas mandatorias que la ley en los Estados Unidos estipula para los convictos de trasiego de sustancias criminalizadas. Según narra la autora, su hermano era un usuario recreativo del canabis sativa, es decir marihuana. Con el tiempo desarrolló un huerto artesanal donde criaba la hierba para su consumo. Cuando la producción excedió sus necesidades de consumo personal, este comenzó a vender el excedente a sus amigos. Según la autora, fue uno de esos “amigos” quien a cambio de una sentencia más baja por otros delitos, entregó al clandestino agricultor.

Es de esta forma en que Stewart, en ese momento funcionaria del Instituto Cato, un renombrado y conservador tanque de pensamiento estadounidense, se da de frente con el sistema de sentencias mínimas mandatorias que en los Estados Unidos rige las condenas que se le imponen a los convictos de venta o trafico de las sustancias ilegalizadas, comúnmente conocidas como “drogas”. Es esta experiencia la que mueve a Stewart para crear la Fundación de Familias en Contra de Sentencias Mínimas Mandatorias (FAMM por su nombre en ingles).

En este artículo titulado, Sentencing In The States: The Good, The Bad, And The Ugly, la autora hace un recuento histórico de los deferentes periodos históricos en que los Estados Unidos de América incorporaron a sus leyes estas sentencias mínimas mandatorias. El escrito detalla como en el 1857 el congreso estadounidense aprobó la primera sentencia mínima mandataria. La misma imponía un mes de carcel  para aquellos que se rehusaran a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos de América. De igual forma, la narración de Stewart documenta las diversas instancias en que este recurso de sentencias mínimas fue utilizado. Según la narración la práctica se continuó utilizando hasta  mediados de la década del 1980, cuando el parlamento de los Estados Unidos de América aprueba penas mínimas mandatorias para los convictos de tráfico de sustancias controladas, es decir criminalizadas. Esta ley continua vigente al momento en el año 2006.

En ese proceso histórico cabe destacar una ley conocida como el Acta Boggs del 1956. Este estatuto, según la autora, presentado en el congreso estadounidense por el delegado del estado de Louisiana Hale Boggs, pretendía castigar severamente a los llamados “drug kingpins” término que en el argot callejero de Puerto Rico se pudiera traducir como “bigchotes”. Stewart relata como para mediados de la década del 1970, pasada la tolerancia del uso de sustancias psicoactivadoras que distinguió a la década anterior, el Acta Boggs se usaba contra usuarios callejeros o recreativos, imponiéndoles penas de reclusión diseñadas para traficantes de alta escala. Como resultado de los excesos de la ley, el congreso decidió eliminar el estatuto. Las palabras en el record congresional del entonces joven representante del estado de Tejas y futuro presidente de los Estados Unidos de América,  George W. Bush no pudieron ser más elocuentes: “as a result [of the repeal], we will undoubtedly have more equitable action by the courts, with actually more convictions where they are called for and fewer disproportionate sentences.”  El recuento histórico presentado por Stewart termina exponiendo como 15 años mas tardes, es decir a mediados de la década del 1980, el congreso olvidaba la experiencia del Acta Boggs y volvía a estipular sentencias mínimas mandatorias para los convictos de violar la ley antidrogas de esa nación.

Como resultado de la aprobación de este nuevo estatuto que impone sentencias mínimas mandatorias, Stewart afirma en su escrito que “se le niega la libertad a miles de convictos no violentos”. La autora detalla como, tras la aprobación de los nuevos parámetros de sentencias, aumentó la población penal y como para finales de la década del 1990, 88% de los confinados en los Estados Unidos de América eran ofensores no violentos.  Mas aún, la autora explica que lejos de ser “bigchotes”, la mayoría de los que cumplen bajo estas guías de sentencias, son ofensores de bajo nivel, como las llamadas mulas que mueven la droga de otros, las novias de los verdaderos narcotraficantes y los integrantes de bajo nivel en las organizaciones criminales. Es decir que el impacto en las familias y las comunidades pobres o marginadas por razones raciales o étnicas, sectores de donde regularmente vienen estos convictos es devastador según Stewart.

Si como detalla Stewart, mas del 50% de los confinados en los Estados Unidos de América son violadores de las leyes que criminalizan el uso de algunas sustancias, si las sentencias promedio que estos convictos enfrentan es de 6 años y medio de reclusión, y si en su mayoría estos sentenciados provienen de sectores marginados, se puede inferir el impacto que estos arrestos tienen en esas familias que se tienen que ajustar a vivir sin sus padres, hijos o hermanos por periodos de mas de 5 años.

El escrito de Julie Stewart detalla varios casos que ilustran esos resultados. De igual manera detalla la forma en que el estatuto impone estas sanciones mínimas, dramatizando así cuan injustas parecen ser. Mas aún en su exposición Stewart, explica cuan poco científico o académico fue el proceso congresional que culminó con la firma de las nuevas penas. El proceso de deliberación fue comparado por la autora de este escrito con un “juego de póquer” donde las cantidades aumentaban de acuerdo al jugador de turno.

El escrito de Julie Stewart termina llamando a la reconsideración de estas leyes y pidiéndole al actual presidente de los Estados Unidos, que recuerde sus palabras en el congreso, donde aseguró que derogando las leyes con sentencias mínimas se podrán conseguir “más convicciones donde deben haberlas y menos sentencias desproporcionadas”.

Para cualquier persona interesada en el estudio serio y desapasionado de la prohibición de sustancias psicoactivadoras y de como esta ilegalización afecta a la a las libertades personales en el siglo XXI, el tema de penalidades y castigos producto de presiones por parte de  empresarios morales o del pánico moral que estos producen, tiene que ser de interés. Ya que el efecto de estas leyes parece ser un mal peor para la sociedad que el resultado del comportamiento que estas leyes tratan de controlar. La honestidad y candidez con que la autora narra su proceso de desintoxicación ideológica en torno al sistema de justicias es sumamente revelador. El proceso que paso Stewart tal vez puede verse como ilustrativo de la falta de conciencia que en torno a los resultados de leyes como esta tienen los componentes de las clase media, media alta y alta de los Estados Unidos de América y como no les importa hasta que no les toca de cerca. A diferencia de los sectores racial y económicamente marginados que diariamente sufren en sus comunidades los devastadores efectos de ver a sus componentes en edad productiva ser separados por años simplemente por seleccionar una forma de intoxicarse que no era del agrado de unos empresarios morales del final del siglo XIX, las miembros de las clases mas privilegiadas solo se exponen a estos efectos en raras ocasiones. Peor aun, para estas clases mas pudientes, los efectos de estos arrestos ocasionales no son los mismo que se ven en las clases marginadas. Los componentes de los sectores a diario ven como sus jóvenes son arrestados y convictos a largas sentencias de carcel por desempeñar el único trabajo que les compensa económicamente con un ingreso adecuado para enfrentar las necesidades de la sociedad de consumo en que viven. A diferencia del hermano del Stewart, para la mayoría de los convictos por estas leyes antinarcóticos, es decir para los pobres, el integrarse a una empresa ilegalizada no es el resultado de un entretenimiento que se desarrolla en “negocito” supliendo las necesidades recreativas de los amigos con los que le sobra. Está mas que documentado, que para esa población excedente que el capitalismo moderno necesita como reemplazo de los que en este rayan en los niveles de pobreza trabajando a cambio de un salario mínimo, la integración a empresas criminalizadas que distribuyen sustancias ilegalizadas es una alternativa económica sumamente atractiva y en muchos casos es la única opción.

No obstante, lo que puede verse como la “pataleta” de una mujer blanca de clase media alta estadounidense a quien el Estado le falló, pues le encarcelo a su hermano por el solo hecho que este gustaba de intoxicarse con una sustancia natural sin hacerle daño a nadie, es mucho mas que eso. En su escrito Stewart le da voz a las cientos de miles de hermanas y madres cuyos familiares sufrieron la misma o mayor injusticia.

Además de darle voz a ese sector que es regularmente “invisible” para los que ostentan el poder en los Estados Unidos, la autora dramatiza con ejemplos y citas especificas, lo ridículo del proceso deliberativo mediante el cual se producen estas leyes. Lo hace con gran dominio del lenguaje que entiende el poder, citando a los propios defensores de este tipo de estatuto, documentando la forma irresponsable en que los congresistas crean esas leyes de temperanza solo para congraciarse con los empresarios morales que las fomentan. En fin que cualquier persona con una inteligencia mínima, puede llegar a las mismas conclusiones de Julie Stewart. Estas leyes no tienen una base legal justa, se desarrollan como producto de una mentalidad moralista y como resultado de un proceso legislativo que tiene más interés en vender la imagen de los congresistas ante los sectores poblacionales que participan del proceso eleccionario, que en examinar y buscar alternativas a los problemas de su sociedad. De igual forma, como detella Stewart, la secuela de la aprobación de estos estatutos aparenta ser peor que los problemas que intenta resolver. La ley no logra su objetivo primario de encarcelar por un largo periodo de tiempo a los “bichotes” ya que estos cuentan con suficiente conocimiento, información y recursos económicos para una buena defensa o para negociar sentencias menores a cambio de información sobre otras personas. En el proceso de negociación característico del sistema judicial de los Estoados Unidos de América, la moneda de cambio para el fiscal es el tiempo que puede imponer a un acusado que negocio su declaración de culpabilidad, mientras que el detenido, solo cuenta con la información que pueda o quiera ofrecer como parte de la permuta que aparenta ser justicia.  Por el contrario, la verdadera consecuencia de la ley es la separación de la sociedad por largos periodos de tiempo de ofensores no violentos que entran en las empresas criminalizadas por falta de opciones reales o no. Ofensores que, de igual forma, en su mayoría están en la etapa más productiva de su vida, en la que tienen hijos que dependen de ellos o ellas. De esta forma, como bien estipula Stewart, el resultado final es el deterioro de la familia, institución social que los empresarios morales antidrogas alegan defender.

En resumen, el mensaje que Julie Stewart es uno coherente, documentado y lógico. No obstante, solo los más optimistas pensaran que sus palabras serán escuchadas y tomadas en cuentas por los que en estos momentos ostentan el poder o los que a su nombre lo administran. Alguien dijo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, en ese sentido cabe entender que también sufren de las leyes que se merecen.

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