Por Gary Gutiérrez

En el 1989, buscando concienciar a sus Estados miembros sobre la importancia de asegurar la dignidad y las garantías legales para los menores al tiempo que también se le asegure un espacio para su desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) produjo un documento en el que se recoge las conclusiones que a esos efectos llegaron los países participantes de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

La declaración que surgió de esa magna reunión incluye bajo su artículo 40 la forma en que se deben tratar los menores transgresores de las normas penales en cada Estado firmante. Cumpliendo con el principio legal de que no hay delito sin ley que lo estipule, ese inciso incluye el reconocimiento de que ningún menor puede ser responsable jurídicamentede violar alguna de las disposiciones del código penal, u otra por acción u omisión,que no este vigente al momento de los hechos. De igual forma el documento estipula que a los niños se les debe garantizar las mismas salvaguardias que a cualquier ciudadano, es decir: derecho a a un proceso judicial rápido y justo, el derecho a no auto incriminarse, etc. El documento también estipula que los Estados deben establecer unas edades mínimas para que se le exija responsabilidad legal de sus actos, lo que se conoce como “Mens Rea”. Por otra parte, el documento estipula la aspiración de que el uso de alternativas no judiciales y penales sea la prioridad al manejar conductas desviadas en los niños.

En Puerto Rico, Nación que por su condición política no participó de esta Convención y de la redacción de este documento, el proceso legislativo de las últimas décadas apunta a un intento anterior al 1989 de cumplir con el espíritu que finalmente también dio paso al documento de la ONU. Este intento del gobierno puertorriqueño está matizado por la limitación que impone la condición política de está Nación Caribeña que desde el 1899 está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América, país que según indica la organización Human Rights Watch nunca ratificó el documento producto de la Convención  de los Derechos del Niño.

Estipulada está limitación política, se puede ver como muchos de los Principios cobijados por la declaración internacional están incluidos en las leyes de la Isla. Como ejemplo puede tomarse la Ley 88 del 9 de julio de 1986 y que se conoce como la Ley de Menores de Puerto Rico. Esta legislación excluye del proceso penal para los llamados niños indisciplinados que, aun cuando presentan problemas de comportamiento social inadecuado, los mismos no han violado las disposiciones del Código Penal vigente. Claramente esta diferenciación entre el comportamiento indisciplinado y el criminal es cónsona con la aspiración de buscar formas alternas a la penal para corregir más adecuadamente a los menores con problemas de conducta. De igual forma la inclusión en el proceso judicial del ya existente Tribunal de Menores de las figuras jurídica de vista para causa probable ante un juez diferente al que eventualmente juzgara a fondo las acciones del menor; así como la creación del cargo de Procurador de Menores para que intervenga como fiscal, responsabilidad que antes estaba en el propio magistrado que juzgaba, hace mas justo el proceso que enfrentan los menores acusados de trasgresión legal.

Por adelantado que parezca esta Ley 88, que se firmó tres años antes de la Convención sobre este tema en la ONU, la misma contiene disposiciones que no necesariamente la atemperan a las aspiraciones de justicia del documento internacional. La imposición mandatorias de juzgar como adulto a menores entre las edades de 14 y 18 acusados de algunos delitos específicos que actualmente enumera el estatuto, aparenta ser unas de las áreas que requieren estudio y análisis. Parece importante que la sociedad puertorriqueña, examine partiendo del espíritu de la Convención de los Derechos del Niños si esa renuncia mandataria de la jurisdicción por parte del Tribunal de Menores es una medida eficaz en la lucha contra el crimen o es un ejercicio para que el Estado se proyecte como pro-activo ante el llamado problema de criminalidad que se alega sufre el país.

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