Preguntas sobre el Mens Rea

Gary Gutiérrez

Universidad Interamericana de Puerto Rico

 

Abstracto:

Según la teoría jurídica vigente en los Estados Unidos y en Puerto Rico la existencia de la “mente criminal” al momento de cometer una acción criminal es indispensable para que los acusados enfrenten juicio y sea castigado. De igual forma la “capacidad mental” es necesaria para que ese proceso judicial sea justo. No obstante, las determinaciones en torno a ambos requisitos regularmente lo hacen los abogados y no los profesionales de salud mental por lo que la determinación puede que sea legal pero hay que ver si es justa. Este trabajo intenta presentar preguntas en torno a como se determina ese mens rea.

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Una y la misma realidad pudiera dividirse en una diversidad de realidades cuando se mira desde diferentes puntos de vistas. No podemos menos que preguntarnos: ¿Cuál de todas esas realidades debemos ver como la real, al autentica? La respuesta no importa cual decidamos, no puede ser mas que arbitraria. Cualquier preferencia puede estar solo basada en capricho. Todas estas realidades son equivalentes, cada cual, autentica desde su punto de vista. Todo lo que podemos hacer es clasificar los puntos de vistas y determinar cual de ellos es, en términos prácticos, más normal o espontáneos. Por tanto llegamos a una concepción de la realidad que no puede ser absoluta, pero por lo menos es práctica y normativa.  (Ortega y Gasset J. S. F. en Slovenko R., 2002)

 

Las seis de la mañana, el radio despertador se enciende con el noticiero matutino. Entre los titulares del día se destaca un operativo policiaco donde se arrestan sobre 40 personas que las autoridades relacionan con el trasiego ilegal de sustancias controladas en un proyecto de vivienda pública.

Para los periodistas que cubren este imaginario, pero cotidiano suceso que sirve de ejemplo,  las imágenes son repetitivas. Decenas de personas, en su mayoría varones entre las edades de 18 a 35 años esposados a los bancos de madera oscura que fueron construidos en instituciones penales por confinados que en un momento dado pasaron el mismo proceso que estos ahora enfrentan. Casi todos visten la ropa en que se encontraban durmiendo cuando fueron despertados por los oficiales de policía y muchos cargan las prendas y las zapatillas deportivas que le sirven como símbolos de poder y estatus en su comunidad.

 Tras pasar los procedimientos administrativos de la policía y la fiscalía, estos arrestados serán llevados ante un magistrado donde comenzará el proceso judicial que determinará finalmente su culpabilidad o inocencia. Este proceso legal se basa en la presunción de que todos estos adultos, al momento de ocurrir las acciones imputadas,  tenían “libre albedrío”. Es decir que ellos pueden decidir entre el bien y el mal y que voluntariamente decidieron hacer el mal, razón por la cual  deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. De igual forma el sistema judicial presume que estos acusados entienden el proceso que enfrenta y que pueden asistir en su defensa. A esa capacidad mental se le conoce como “Mens Rea” (mente culpable), entiéndase que tiene suficiente responsabilidad sobre sus acciones para ser juzgado, convicto y castigado por las mismas. (Pennsylvania’s Unified Judicial System’s S.F.) Sin estas habilidades la ley prohíbe que el imputado sea procesado. Así lo determinó en varias decisiones la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinó que para que un imputado se procesado y encontrado culpable en una corte de ley, se requiere presencia mental y entendimiento tanto al momento del acto criminal como al ser procesado. Esto para que el imputado entienda sus acciones así como el proceso que enfrenta y que de igual forma pueda ayudar en su defensa. (Thompson H. S. 2005) Esta decisión es aplicable en Puerto Rico por la relación de dominación política de los Estados Unidos mantiene en la Isla por virtud del tratado de Paris de 1898. (President task force on Puerto Rico’s Status 2005)

Este concepto de men rea surgió en el siglo 18 como parte del derecho común en Inglaterra, donde los filósofos y los juristas desarrollaron el concepto de defecto mental como razón para no ser juzgado. Los autores Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. (2003) citan al pensador  William Blackstone, quien en su libro Commentaries on the Law of England (1783) establece que la persona que enloquece tras cometer un crimen no debe ser juzgado porque no puede asistir en su defensa. Backstone además vinculaba el estado mental con la capacidad de tomar decisiones importantes, como sería el declararse culpable. Según estos mismos autores, las Cortes británicas incorporaron el concepto defindo por Blackstoneen en el caso contra el acusado identificado como Frith en el 1790. En esa determinación el tribunal inglés estableció que  “Ningún hombre debe ser compilado a defenderse en el momento en que su mente está en una situación que no aparente capacidad para hacerlo” (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003)

A finales del siglo XIX esta doctrina jurídica llegó a los Estados Unidos de América cuando su Tribunal Supremo estableció en el caso de Youtsey v. United State (1899) que “es insostenible que una persona insana pueda hacer alegación, someterse a juicio o recibir veredicto o castigo… no es el debido proceso de ley someter a un insano a juicio, bajo acusaciones que involucren cosas de libertad o vida.” (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003). La decisión que estableció en los Estados Unidos los parámetros de la capacidad jurídica para enfrentar juicio se establecieron mas tarde en el siglo XX con el caso de Dusky v. United Status (1960).

No es suficiente para el juez de distrito encontrar que el defendido [esta] orientado en tiempo y espacio y [que tenga] algún recuerdo de los eventos, la cuestión es si tiene suficiente habilidad para consultar con su abogado con cierto grado de razonable entendimiento y si tiene entendimiento racional y factual de los procedimientos en su contra [Dusky v. United Status (1960)]

Según esta decisión, para que un imputado enfrente juicio, este no tan sólo debe ser capaz de participar en el proceso de defensa, debe “tener la habilidad” para participar en esa defensa. Debe además, poder entender el proceso del juicio. El tribunal va más lejos para garantizar el derecho a un juicio justo y establece que las habilidades antes mencionadas deben estar presentes en el momento del juicio y que el acusado debe tener un grado “razonable de entendimiento”. Pero aclara que la enfermedad mental o bajo IQ se puede aplicar solo si afecta directamente el entendimiento factual y racional del proceso. (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003)

La doctrina de Incompetencia jurídica tiene como función principal  proteger los derechos fundamentales previstos en la constitución y la exactitud del proceso. Estas protecciones son: el derecho a juicio justo y a estar informado de la acusación. También incluye el poder de entender las implicaciones de lo que se le imputa, el derecho a confrontar testigos y de asistir en su defensa con suficiente habilidad para saber que cosas puede decir o que debe callar para no auto-incriminarse por error. Además esta figura jurídica intenta mantener el principio de que el Estado tiene que defender a sus componentes más débiles, proteger la dignidad del acusado quien es una persona y no un objeto, así como justificar las acciones punitivas aplicadas. (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003) Otro pre-requisito para la administración de un castigo es que el defendido entienda que la sociedad considera algunos comportamientos moralmente reprochables.  De paso, “castigar sin la presencia de este entendimiento, es endosar un espectáculo miserable, tanto contra la ley como de extrema inhumanidad y crueldad, que no serviría de ejemplos para otros”. (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003)

            Aunque en principios, el  “mens rea” es algo que se supone pruebe el ministerio público, (Pennsylvania’s Unified Judicial System’s S.F.) en realidad se da por existente a menos que el asesor legal del defendido no invoque alguna deficiencia mental que exonere al defendido de la responsabilidad. (Thompson H. S. 2005) Ejemplo de estas deficiencias puede ser que al momento del alegado crimen, el imputado sufra de una enfermedad mental  o que el mismo padezca de retraso mental o intelectual. A esta deficiencia al momento del cometer un crimen se le llama falta de responsabilidad jurídica por insanidad. (Thompson H. S. 2005) De igual forma, si estas condiciones mentales antes mencionadas están presentes al momento en que el imputado enfrenta juicio, entonces se conoce como incapacidad jurídica ya que el acusado no entiende el proceso que enfrenta y por lo tanto no puede aportar a su defensa, (Thompson H. S. 2005) como se explicó anteriormente.

            Volviendo al imaginario pero representativo ejemplo con que comenzó este trabajo; para cualquier observador social que se enfrente al imaginario cuadro que allí se presenta, sea este psicólogo, psiquiatra, sociólogo, o periodista es fácil determinar que la media, por no decir la mayoría de los arrestados, vienen de sectores socioeconómicos marginados, tienen poca educación, carecen de destrezas de comunicación básicas y que no comparten con la cultura dominante los parámetros de pudor, vergüenza, ni la definición de conducta desviada. Estas meras observaciones no están lejos de la data socioeconómica de la población en el sistema  de Corrección puertorriqueño, según lo documenta el portal llamado: tendenciaspr.com que es auspiciado por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación y por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  De acuerdo a ese portal, en el año 2003 la población correccional de la isla era mayoritariamente masculina, con una edad promedio de 29 años. Además establece que la media en términos educativos es de noveno grado y que sobre el 95% de ellos sabe leer y escribir. No obstante no establece el nivel de lectura y escritura de estos individuos, ni especifica si este dato se obtuvo mediante pruebas o solo por lo que contestaron los entrevistados. En torno a su situación económica. 78.5% de los confinados dijo estar desempleados al momento del arresto y el 93.5 alegó tener ingresos de menos de 7 mil dólares lo que los pone en los estratos mas bajos de la sociedad.  De la muestra, 65% admitió el uso de sustancias controladas y 21.1 dijo ser usuario de alcohol. (Tendenciaspr.com 2003)       Es decir que las observaciones de la muestra imaginaria que encabeza este trabajo no esta tan lejos de los números que sobre la población penal del la Isla se presentan en el portal auspiciado por la Universidad de Puerto Rico.

            Según lo discutido por el psicólogo y  profesor Manuel Bahamonde en su cátedra del curso graduado de Psiquiatría y la Ley en el Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es el profesional de la salud mental, entiéndase psicólogos o psiquiatras, quienes están preparados para determinar el estado mental de los imputados y su relación con la realidad que le rodea.  Claro está, este profesional no puede intervenir sin la solicitud o mandato del tribunal, que como se explicó anteriormente casi nunca se solicita. Algunos pensadores interpretan que aún cuando los profesionales de la salud Mental intervienen para establece el mens rea, en el mejor de los casos “la determinación de la capacidad jurídica seguirá siendo determinada cuantificando la enfermedad mental, lo que hace menos importante el que se tomen en cuenta las habilidades para funcional legalmente”. (Bardwell Ma. C. y Arrigo B. A. 2003) La realidad es que toda esta teoría está muy lejos de la realidad práctica. En su cátedra en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el Prof. Bahamonde también explicó que en los pocos casos criminales en que los juristas consultan a los profesionales de salud, estos peritos basan su recomendación al tribunal en una corta entrevista. Bahamonde expuso que el tribunal solo le interesa saber si el imputado sabe donde está, tiene noción de que es un tribunal y sabe de qué se le acusa. Con eso es suficiente para que la corte determine que el imputado tiene mens rea.

Como  establece el profesor Ralf Solvenko en su “Comentarios sobre Thomas Szasz” (2002) son los abogados quienes, basados en la ley y no en la salud mental del acusado, quienes realmente determinan mediante negociación si se cumple con los requisitos legales para aplicar lo que ellos llaman la defensa de incapacitación para enfrentar juicio o si el imputado tenía responsabilidad legal. Claro en los casos que la determinación médica se enfrenta con lo parámetros de la ley, en el tribunal, esta última siempre prevalece.

En cada instancia en que se entremezclan la ley y la psiquiatría, es la ley y no la psiquiatría la que controla y el testimonio psiquiátrico es solo decorativo. En términos de responsabilidad legal, la dimensión de “enfermedad o defecto mental” se establece por la ley y no por la psiquiatría (Slovenko R. 2002)

Sobre la forma en que el público general ve el rol del profesional de la salud mental como parte de este proceso de determinación de responsabilidad o incompetencia jurídica de un acusado, las expresiones del congresista estadounidense Ralph Romero son  sumamente reveladoras y hablan por si mismas.

Cuando un psicólogo o un psiquiatra testifiquen en la vista de competencia de un defendido, el psicólogo o psiquiatra debiera usar un sobrero de cono de por lo menos dos pies de alto. La superficie del sombrero debe llevar estampados de estrellas y rayos. Adicional el psicólogo o el psiquiatra deben ser requeridos a tener una barba blanca de por lo menos diez y ocho pulgadas de largo y debe enfatizar los puntos mas importantes de su testimonio moviendo una barita en el aire. Siempre que un psicólogo o un psiquiatra provean testimonio experto en torno a la competencia de un defendido, el alguacil debe bajar las luces en el tribunal y dar dos golpes en un gong chino.  (Romero R. S. F en Slovenko R., 2002)

Thomas Szasz va más lejos y dice que las intervenciones psiquiátricas –en particular en torno a desvíos del sistema de justicia criminal al mental- son el método más común y menos crítico, usado por el Estado moderno para privar a los individuos de su libertad y responsabilidad. (Szasz T. 2001 en Slovenko R. 2002)   

Estas expresiones parecen restarle importancia o credibilidad al rol de los profesionales de la salud mental y al argumento de que un individuo que  no entiende el alcance de sus acciones o del sistema legal que le juzga, no debe ser castigado por ese sistema como lo determino la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por otro lado sobre esta discusión del Mens Rea, la sociología tiene dos tendencias claras. La primera se conoce como los  incompatibilistas. Que son los que entienden que no importa las razones socioeconómicas que llevaron a un criminal a cometer el acto ilegal, esa acción es el resultado de juicio mental libre y por tanto el que la realiza debe ser responsable y pagar la pena por ello. Por otro lado están los compatibilistas o deterministas quienes  entienden que esas acciones ilegales son el resultado del efecto de las situaciones sociales, culturales y económicas en la mente y el entendimiento de las que comenten. Por lo tanto los imputados no son responsables de ese comportamiento ya que estos estaban destinados por razones fuera de su control a realizarlos. (Nichol S. y Knobe J. S.F.) Si se analizan los arrestados en el imaginario operativo con que comenzó este trabajo, los  incompatibilistas entenderán, como lo hace el sistema judicial y el tribunal, de que estos tienen que responder por sus actos, no importa las condiciones socio-económicas que les llevaron allí. Por otro lado los compatibilistas o deterministas entenderán que estos no tienen capacidad o responsabilidad jurídica por sus acciones.

Algunos pensadores que sostienen esa falta de capacidad o responsabilidad entiende que  los individuos que vienen de comunidades donde se toleran altos niveles de comportamientos antisociales tiene en si mismo mas tolerancia para este tipo de comportamiento y que a su ves su comportamiento antisocial es tolerado en la comunidad. Por tanto debiera haber un elemento de relativismo al establecer estos conceptos. (Bond-Taylor, Sue 2005). El crimen o el  comportamiento desviado, como la venta de narcóticos, no tan solo es un constructo social, sino que tiene que contextualizarse en la comunidad en que se aplica, por lo que los llamados valores criminales pueden ser propios de una comunidad especifica y no una fuerza destructora como ve la cultura dominante en la sociedad (Young 2001: 26 citado por Bond-Taylor, Sue 2005). Además que en muchos casos, este comportamiento desviado se ve como una forma de hacerle frente a los poderosos de la sociedad. Por tanto, en esa circunstancias, los que comenten esos actos no se ven como que están haciendo un acto malo, al contrario derivan orgullo de cometer el mismo y del estatus que eso les da en su comunidad. (Bond-Taylor, Sue 2005) La criminología cultural recuerda que se debe tomar en cuenta el “sensual placer del crimen para entender que el castigo y el control no son siempre interpretados como indeseables (Bond-Taylor, Sue 2005)

¿Se puede decir entonces que en la mente de estos individuos, el comportamiento desviado o criminal ya es parte de su cultura y que el ser encarcelado es solo una medalla de honor que le aumenta su estatus dentro de esa comunidad? ¿Una persona cuya realidad esta construida sobre  una subcultura donde esas acciones llamadas desviadas son vistas como la conducta normal, realmente es culpable de sus acciones, tiene mens rea? 

            Mattew Jones (2003) En su escrito Overcoming the Myth of Free Will explica que los “individuos que pasan sus años de formación bajo pobres condiciones económicas, incluyendo alta incidencia de violencia criminal desarrollan sus motivaciones y deseos basado en ese trasfondo”. Por esta razón, dice Jones (2003), una persona sometida a una vida de privaciones puede terminar teniendo tan poco control sobre su vida, como lo tiene una persona con enfermedad mental. Por tanto si esa persona tiene poco control sobre sus acciones debe entenderse que tiene poco “libre abedrío” (Jones M. 2003)

Por otro lado,  el educador Benjamín Blooms (1984) explica que la capacidad de entender y abstraer conceptos, tiene diferentes niveles, siendo el mas bajo el de conocer fechas, lugares y eventos. Es decir que los requisitos que en estos momentos exige el tribunal, como se detalla antes, son los más bajos para medir las capacidades de una persona. Mientras mas avanzado o desarrollado sea el intelecto, más capacidad de comprensión, aplicación, de análisis y sinterización y evaluación tendrá la persona según Blooms.

Así las cosas: ¿Se pudiera decir que una persona con las capacidades documentadas en la población correccional (Tendenciaspr.com 2003) y que son atribuidas a las arrestadas en el imaginario operativo, tienen la capacidad de entender los complejos sistemas legales simplemente porque le diga al profesional de la salud donde está y que sabe que esta acusado de vender drogas?  

Estas son preguntas que los profesionales de la psicología y la psiquiatría forenses pueden ayudar a contestar. Pero el reto para los profesionales de la salud mental no tan solo estriba en contestar esas preguntas. Parecen que luego tendrán la tarea de buscar como hacer que los sistemas de justicia adopten nuevos paradigmas que si bien esta claro que pueden ser más costosos (Jones, M. (2003), también pudieran ser más justos.

Al fin y al cabo, como lee la cita de Ortega y Gasset al comienzo de este trabajo “la realidad que no puede ser absoluta, pero por lo menos es práctica y normativa.”  (Ortega y Gasset J. S. F. en Slovenko R., 2002) Una sociedad en el sigo XXI no debiera conforman con aplicar esa misma la misma lógica a la justicia. Es decir, “la justicia que no puede ser absoluta, pero por lo menos es práctica y normativa.”

                                    

 

           

 

 

 

Referencias:

 

 

Bardwel,l Mark C. y Arrigo Bruce A. (2003) Competency to stand trial: a law, psychology and Police Assessment. The Journal of Psychiatry & Law. Accedido 11 enero de 2006 http://cjp.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/1/16

Bloom Benjamin S. (1984) Bloom Taxonomy of educational objectives. Allyn and Bacon, Boston, MA.  1984.

Bond-Taylor, Sue (2005) Political Constructions of the Anti-Social Community: Developing a Cultural Criminology, HSA Autumn Conference 8-9 September 2005. Accedido el 14 de enero de 2006 en http://www.york.ac.uk/inst/chp/hsa/autumn05/papers/bond-taylor.doc.

Jones, Mattew (2003) Overcoming the Myth of Free Will in Criminal Law: The True Impact of The Genetic Revolution. Accedido el 14 Enero de 2006 en http://www.law.duke.edu/journals/dlj/articles/dlj52p1031.htm

Nichol S. y Knobe J. (S.F.) Moral Responsability y Determinism: The Cognitive Science of Fol. Intuitions. Accedido el 17 de enero de 2005 en www.usfca.edu

Pennsylvania’s Unified Judicial System’s (S.F.) Glossary of Legal Terms. Accedido el 16 de enero 2006

President task force on Puerto Rico’s Status. (2005) Report by the President task force on Puerto Rico’s Status. Washington DC

Romero, R. (S. F) en Slovenko R., (2002) Commentary On Thomas Szasz. The Journal of Psychiatry & Law 30/Spring. Accedido 3 de enero 2006 EBSCO database.

Ortega y Gasset, J. (S. F.) en Slovenko R., (2002) Commentary on Thomas Szasz. The Journal of Psychiatry & Law 30/Spring. Accedido 3 de enero 2006 EBSCO database.

Tendenciaspr.com (2003) Perfil de la Población Correccional Sentenciada. Accedido el 16 de Enero de 2006 en http://tendenciaspr.com/Violencia/Correccional.html#anchor_140

Thompson, Hunter S. (2005) ASSESSMENT OF COMPETENCY AND SANITY. Accedido el 11 de enero de 2006 http://faculty.ncwc.edu/toconnor/psy/psylect14.htm

Slovenko, R., (2002) Commentary On Thomas Szasz. The Journal of Psychiatry & Law 30/Spring. Accedido 3 de enero 2006 EBSCO database.

Szasz, T. (2001) en Slovenko R., (2002) Commentary On Thomas Szasz. The Journal of Psychiatry & Law 30/Spring. Accedido 3 de enero 2006 EBSCO database.

 

           

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